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EUROPA PRESS. PALMA. El ex concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palma, Pedro Álvarez, negó hoy ante el juez que instruye el caso Palma Arena haber participado en los procesos de adjudicación que se efectuaron durante la construcción del velódromo y que se encuentran bajo investigación judicial, sino que explicó su papel como representante del Consistorio en el consorcio creado para la ejecución de la infraestructura estrella de la pasada legislatura.
En declaraciones a los medios a su salida de los Juzgados de Vía Alemania y tras prestar declaración durante hora y media ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, el fiscal anticorrupción Juan Carrau y los abogados personados en la causa, el ex regidor, asistido por el letrado Jaime Campaner, mostró su "máxima" colaboración con la justicia en el procedimiento que investiga las supuestas irregularidades cometidas en la construcción de la instalación deportiva.
Tal y como explicó, durante la comparecencia informó de su papel en el consorcio y señaló que la aportación del Ayuntamiento en este órgano fue de 14 millones de euros, pese a que, agregó, negó haber participado en "distintas cuestiones" relacionadas con las obras y adjudicaciones, que atribuyó a la estructura organizativa de la Conselleria de Presidencia y Deportes y "fundamentalmente a la persona de Pepote Ballester y el gerente", en referencia a quien se encontraba al frente del consorcio, Jorge Moisés.
Álvarez negó asimismo cualquier delito y reiteró su colaboración en las investigaciones. Su interrogatorio arrancó en torno a las 12.15 horas, dos horas después de lo previsto debido que el juez, tras tomar declaración al ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Antoni Alabern, tuvo que celebrar varios juicios de faltas.
En concreto, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.
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