El cuñado de Matas niega pagos ´en negro´ por 70.000 euros

EUROPA PRESS Fernando Areal, ex gerente del PP balear y cuñado del ex presidente del Govern, Jaume Matas, negó hoy ante el juez que durante la campaña electoral del partido en los comicios de 2007 efectuase pagos en negro por más de 70.000 euros a la agencia de comunicación Nimbus, encargada de gestionar parte de la campaña, alegando que en la formación no existe "ninguna cuenta B" donde abonar este dinero sin declarar a Hacienda.

Así lo señaló su abogado, Rafael Perera, a su salida de los juzgados de Vía Alemania, donde su patrocinado declaró por espacio de más de dos horas ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, y los abogados personados en la causa. Durante la comparecencia, insistió en que "en modo alguno" realizó estos pagos y aseveró, en este sentido, que las facturas que abonó "estaban debidamente contabilizadas, en cumplimiento de los requisitos legales".

En referencia a los posibles delitos que se le imputan, Perera manifestó que no se ha concretado ningún cargo contra Areal al haber apuntado que no firmó "ningún pago en B". En cualquier caso, agregó que se le podría atribuir un delito electoral ya que en la Ley Electoral "hay un tipo penal que establece que comete delito quien falsee las cuentas electorales", pese a que su cliente "ha expresado que no ha falseado ninguna, sino que contabilizó exclusivamente las facturas legales que le fueron presentadas".

En cuanto a la posible citación de Matas ante el juez dentro del procedimiento, Perera negó que hasta el momento haya recibido ninguna notificación para que su defendido se traslade desde Estados Unidos, donde reside en la actualidad, para declarar por las presuntas irregularidades cometidas durante la construcción del velódromo palmesano y que supusieron que su coste inicial de 48 millones de euros se disparase hasta los 110 millones.

Al respecto, aseveró que el juez no le ha hecho "ninguna insinuación" acerca de la citación judicial del ex jefe del Ejecutivo balear ya que "hay muchas declaraciones pendientes", que se prolongarán a lo largo del mes de septiembre. No obstante, Matas ya mostró su disposición a prestar declaración ante el magistrado para aclarar "cualquier cuestión" sobre las condiciones que rodearon a la ejecución de la considerada infraestructura estrella del anterior Govern del PP.

El letrado negó recientemente que el ex jefe del Ejecutivo autonómico haya cometido delitos por prevaricación, "así como cualquier otro", por lo que subrayó que atribuirle estos cargos sería "emitir un juicio paralelo inaceptable e incorrecto". Precisamente, el magistrado manifestó que no descarta llamar a declarar al ex presidente del Govern, al aseverar que "puede que esté en la agenda" su citación judicial.

CONTRATACIÓN DE LOS GARCÍA-RUIZ

Por último, el letrado señaló que Areal también fue interrogado acerca de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz -que fueron contratados para dirigir las obras del Palma Arena presuntamente por unos nueve millones de euros sin concurso-, sobre quienes apuntó que se encargaron de la reforma de la sede del PP y del Parlament, por tratarse de edificios contiguos "y era conveniente que la remodelación del edificio del PP la hicieran los mismos arquitectos".

En concreto, el Ministerio Fiscal trata de averiguar si varios organismos públicos del Ejecutivo autonómico -entre ellos el Instituto Balear de Turismo- adjudicaron sin concurso público diversos contratos a Nimbus y si la empresa emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, mientras que a cambio cobró a 'precio coste' la organización de la campaña electoral del PP.

En el caso de Areal, el ex director de Nimbus y también imputado, Miguel Romero, reconoció haber cobrado más de 70.000 euros en dinero negro del ex gerente 'popular', que responderían a trabajos llevados a cabo por la agencia para el partido durante su campaña.

Asimismo, cabe recordar que el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.