El Govern quiere suprimir empresas públicas y ejercer mayor vigilancia

C. CANALS. PALMA. Durante el primer trimestre de 2010, el Govern deberá crear una comisión que se encargue de "analizar el conjunto de entes integrantes del sector público autonómico", esto es, el interminable listado de entidades empresariales, sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y organismos autónomos que funcionan como satélites de la función pública, en lo que se ha dado en llamar "sector público instrumental", en el que la corrupción se ha ensañado durante los últimos años, como muestran los casos Palma Arena, Turisme Jove y tantos otros.
Una vez que dicha comisión haya realizado el inventario, propondrá la "supresión, refundición o modificación" de los entes superfluos que sean detectados entre los casi 170 que disponen de presupuesto con cargo a las arcas públicas en Balears, creados en su mayoría durante la última legislatura de Matas.
El objetivo señalado para esta medida sin precedentes en Balears es imponer razones de "simplificación, economía, eficacia y eficiencia en la gestión" del dinero público, según consta en el anteproyecto de la ley del sector público instrumental, que llegará al Parlament para entrar en vigor en 2010.
En esa fecha no sólo empezará el raspado de los entes creados durante los cinco últimos lustros, sino se dará un plazo de un año a los supervivientes para que se adapten a las nuevas exigencias de control.
Al margen de aquellas entidades que –como la Universidad balear– se rigen por una normativa propia, el anteproyecto a que ha tenido acceso DIARIO de MALLORCA establece limitaciones a la capacidad de endeudamiento –en ningún caso podrá superar el 10% de su presupuesto–, y fija la obligación de remitir información periódica al Govern sobre el estado de las cuentas. Informes de actividad y declaraciones de responsabilidad de los gerentes se incluirán en esta documentación.

Auditorías

Será la Intervención General de la Comunidad autónoma –con auditorías internas y externas– la responsable de fiscalizar estas cuentas en circunstancias normales; pero en el caso de que las actuaciones previstas superen el millón de euros, deberán contar además con una autorización explícita aprobada por el Consell de Govern.
En los casos en que los entes incumplan las obligaciones citadas o si las auditorías observan defectos durante dos o más años, podrá establecer mecanismos de control financiero, que pueden ser permantes o, aún más allá, forzar la autorización del consell de Govern para toda o parte de la gestión.