´La decisión de denunciar o no a Matas por su incremento patrimonial será mía´

I. OLAIZOLA. PALMA. El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, admite que hoy por hoy desconocen si los etarras que atentaron en Palmanova hace un mes continúan en la isla, recalca que él tendrá la última palabra en la decisión de denunciar o no a Matas ante un juzgado de instrucción por su incremento patrimonial y lamenta todo el "montaje mediático" que se ha hecho en torno a las detenciones de políticos del PP por el caso Palma Arena.

–Hoy se cumple un mes del atentado de ETA en Palmanova. ¿Se está investigando un posible apoyo de grupos radicales de la isla a los terroristas?
–Sí. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo un trabajo ingente para buscar pistas que conduzcan a la detención de las personas que han cometido estos viles atentados. Gente radical hay en todas partes y se sabe que hay personas con ideas bastante extremistas próximas a la organización terrorista ETA. Esto es fácil de comprobar porque cada vez que hay algunas elecciones hay votos en este sentido. Pero no sé si esta gente ha dado cobertura o apoyo a los que colocaron las bombas. Podría ser, pero esto es una simple conjetura. De momento, no dispongo de ninguna evidencia que me permita asegurarlo o negarlo.

–¿Se está investigando algún grupo radical en concreto?
–No. A mí no me consta. Pero tenga en cuenta que esto no es una investigación de la Fiscalía.

–¿Ponen estos atentados en solfa la seguridad del Rey en la isla?
–La seguridad del Monarca no me corresponde a mí, pero creo que no. No hay que ser alarmistas. Se han producido dos atentados provocados por la banda terrorista ETA pero esperemos que sean hechos aislados. En cuanto a seguridad, siempre he dicho que es mucho más arriesgado coger el coche y acercarte a Manacor que la explosión de una bomba te provoque la muerte o heridas de consideración. Y no por ello dejamos de coger un vehículo para desplazarnos.

–¿No le ha sorprendido la escasa repercusión que han tenido estos atentados en la temporada turística?
–No. Ya dije desde el primer momento que la gente tiene sentido común. No va a dejar que una banda terrorista le diga lo que tiene que hacer. Tiene que seguir haciendo su vida y es lo que está haciendo, ya que hacer lo contrario sería ir por donde ETA dice que se tiene que ir.

–¿Cree que los terroristas siguen aquí?
–La verdad es que en estos momentos no lo sabemos. Yo particularmente pienso que no, pero esto es un mero comentario personal. No tengo pruebas ni en un sentido ni en otro.

–¿Serán detenidos finalmente?
–Espero y confío que sean detenidos y que vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar.

–¿Se ha avanzado algo sobre el tipo de bomba que usaron?
–Sí. Se han utilizado temporizadores y buena prueba de ello es que estas bombas que explotaron el domingo demuestran que estaban programadas para hacerlo en un momento determinado y parece ser, según la información de que dispongo, que hay un margen de maniobra bastante amplio para poder programar estos artefactos explosivos.

–¿Y cuál es este margen?
–Pues dependería de la duración de una pila. Las hay mejores y las hay peores y dependería de la duración de la pila.

–¿Qué opina de la posible imputación de Matas en el caso Palma Arena por dos presuntos delitos de prevaricación?
–Creo que ustedes saben más que yo. Que puede haber unas repercusiones y se puede citar e imputar a más personas por el caso Palma Arena, es posible. Ahora, que se impute a Jaime Matas... de momento a mí no me consta. Esto no quiere decir que cuando se practiquen más diligencias de prueba... pues puede ser. Pero esto está a la vista de las pruebas que se vayan practicando, que podrían ser incriminatorias o podrían no serlo.

–¿Ha estado en el velódromo?
–Sí, una vez. Cuando jugó Federer con Rafa Nadal.

–¿Y le parece que esta infraestructura justifica el coste final que ha tenido?
–¡Huy! De esto no tengo ni idea. Me pareció una construcción gigantesca. Me impresionó ver aquello tan grande pero, francamente, no sé nada sobre la calidad de los materiales, la dificultad de realizar la obra y el coste. No tengo ni idea.

–¿Considera normales las detenciones que se produjeron hace tres semanas tras un año de investigación de este asunto?
–Cuando se está investigando un delito y hay indicios suficientes contra una persona determinada que puede haber participado en la comisión de un hecho delictivo, se puede practicar la detención y así lo prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La detención es una medida que está justificada en supuestos de comisión de hechos delictivos. Creo que todo este montaje mediático que se ha hecho en torno a estas detenciones es lo realmente preocupante. Los periodistas han cumplido con su obligación porque estas detenciones son noticia, pero hay que tener en cuenta que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las detenciones tienen que practicarse de la forma que menos perjudique la reputación de los detenidos. Y también la ley de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado establece que no solamente las detenciones, sino también las conducciones, tienen que hacerse de la forma que menos perjudique la intimidad y el honor de los detenidos.

–¿Qué le parece la intervención del delegado del Gobierno para intentar evitar que los detenidos del PP fueran esposados?
–El delegado del Gobierno es el jefe superior de las Fuerzas de Seguridad del Estado y puede impartirles las órdenes que estime oportunas.

–¿Y no es el propio agente el que debe decidir como conduce al detenido por motivos de seguridad?
–Bueno, sí, en definitiva depende básicamente de la fuerza actuante evaluar el grado de peligrosidad de los detenidos. Pero la orden está dentro de las competencias del delegado del Gobierno si no quería que hubiera escándalos mediáticos... Creo que es una orden absolutamente legítima.

–¿Los fiscales Carrau y Horrach reciben órdenes directas del Gobierno?
–No, rotundamente no. Los fiscales Carrau y Horrach actúan con libertad de criterio respetando por supuesto el principio de jerarquía del ministerio fiscal. Naturalmente, tienen la obligación de comentarme a mí los asuntos que llevan. Me dan puntual información y están trabajando de acuerdo con su propia conciencia y de la forma que ellos estiman más adecuada a la legalidad.

–¿Persigue la Fiscalía al PP?
–Cuando estudiaba derecho procesal había un procesalista que decía que cuando la política entra en un tribunal, la justicia sale por la ventana. Y esto es cierto. Cuando hay un caso político todo el mundo quiere saber y opinar, independientemente de que haya pruebas. La ideología suele superar a la realidad. Se han producido casos contra personas del Partido Popular, pero no puede ser de otra manera porque ha sido el que ha estado gobernando y el que ha decidido como se manejaban los fondos públicos. Sin duda, la corrupción va asociada al poder, a la capacidad de decidir y a la capacidad de manejar fondos públicos.

–Pero, ¿la Fiscalía está tratando de forma diferente los casos que afectan al PP?
–Por supuesto que no. El PP no está siendo perseguido. La Fiscalía no persigue a nadie. La función del fiscal es acusar si tiene pruebas para ello y defender la absolución si no hay pruebas para acusar.

–¿No le sorprende el incremento patrimonial del ex president Matas?
–No sé exactamente el patrimonio que tiene el ex president Matas. Pero, de todas formas, un incremento patrimonial puede estar justificado o no. Si no lo está, a quien le corresponde levantar las correspondientes actas de inspección es a la agencia tributaria. Si detecta algún hecho delictivo lo tiene que remitir a Fiscalía o imponer la correspondiente sanción administrativa si la cantidad defraudada no supera el baremo que establece el código penal para considerarlo delito.

–¿Y no les ha remitido ninguna denuncia?
–Le hemos pedido información, ha intervenido y, de momento, no tengo constancia que se haya hecho una investigación para ver si se ha producido una defraudación. Pero no me inmiscuiré en sus competencias.

–Usted tiene que decidir si archiva la investigación sobre el patrimonio de Matas o le denuncia. ¿Nos puede adelantar qué piensa hacer?
–Las diligencias de investigación del fiscal tienen un plazo de seis meses. Si transcurrido este tiempo no se concluyen, se tienen que archivar, judicializar o solicitar al fiscal general del Estado la correspondiente prórroga. En Fiscalía pensábamos que se tenía que continuar con esta investigación. Se solicitó la prórroga al fiscal general del Estado y éste, a la vista de todos los antecedentes que le remitimos, entendió que no había motivos para continuar la investigación en la fiscalía y denegó la prórroga. Cuando recibí este decreto dicté otro acordando la atribución como fiscal jefe de estas diligencias. Ahora el fiscal general del Estado debe oír al consejo fiscal y luego resolver. Conde Pumpido todavía no lo ha hecho. Pueden pasar dos cosas, o que me digan despáchalo tú o que lo hagan los fiscales ordenándoles yo lo que tienen que hacer.

–¿Y si lo despachara usted? ¿Daría la orden de continuar la investigación?
–Podría hacer dos cosas: mandarlo al juzgado o archivarlo. Continuar la investigación no, porque el fiscal general del Estado ha denegado la prórroga en fiscalía. La investigación podría continuar en un juzgado de instrucción...

–Tras una denuncia de usted...
–...mediante la presentación de la correspondiente denuncia o querella ante el juez de instrucción. Pero estoy pendiente de que resuelva el fiscal general del Estado. Mientras tanto voy a mirar detalladamente todas las diligencias, que son bastante complejas porque hay muchos números y muchos bailes de cifras que hay que mirar con detenimiento y estudiar en profundidad para ver cuál es la realidad.

–¿Y en la otra hipótesis?
–Exactamente igual. En todo caso la decisión siempre sería mía.

–Si decidiese archivar las diligencias, ¿supondría un cisma con sus fiscales anticorrupción?
–Por supuesto que no. Aquí no hay nada nuestro. Aquí cada uno tiene sus propias competencias que se tienen que asumir.

–¿Veremos a Matas en el banquillo de los acusados?
–No lo sé.

–Si así fuera, ¿actuaría ud. como fiscal?
–Dependería de muchos factores.

–¿No le ha sorprendido la decisión del magistrado Catany de dejar la Audiencia por un juzgado de menor rango por sobrecarga de trabajo?
–La categoría profesional es exactamente la misma, la de magistrado. Si por razones personales o profesionales considera más acertado pasar a un juzgado de instrucción, pues adelante. Si yo tuviera que decidir entre estas dos plazas, me decantaría por el juzgado de instrucción.

–¿Dispone la Fiscalía de suficientes medios para todas las investigaciones en curso?
–No, nos faltan fiscales y medios materiales, pero éste es un mal endémico de la administración de Justicia. No me atrevo a decir nada porque si nos comparamos con otras fiscalías del país no nos podemos quejar. Tenemos una infraestructura mínima adecuada, aunque hay cosas que se tendrían que subsanar. Por ejemplo, sería necesario reforzar con un fiscal más los que tratan los asuntos de corrupción, que están proliferando, pero no se ha podido hacer todavía porque no hay gente disponible.

–¿Qué le parece la presencia de los fiscales en el primer momento de la investigación?
–El fiscal ha cambiado positivamente. Antes no tenía intervención y era el juez de guardia el que decidía en exclusividad sobre si las personas ingresaban en prisión o quedaban en libertad. Ahora, para acordar la prisión, es necesario que el fiscal o la acusación particular pidan la medida cautelar. El juez no lo puede hacer de motu propio. Los fiscales cada día intervienen más porque son los que tienen que llevar los asuntos a juicio. Por eso es interesante que estén personados en las actuaciones desde el principio.