Cuando el Consorcio decidió, a propuesta de Pepote Ballester, despedir al arquitecto alemán Schürmann, la junta pidió un informe jurídico que respaldara esta decisión. El jurista elaboró un informe en el que decía que la contratación de este arquitecto, sin ningún tipo de concurso público, había sido ilegal y propuso, dadas las circunstancias, que se alcanzara un acuerdo amistoso con Schürmann para evitar un pleito. Sin embargo, el Consorcio decidió despedir unilateralmente al arquitecto con la excusa de que había incumplido los plazos de entrega de los planos y de que el velódromo no estaría terminado en la fecha prevista. El Consorcio no atendió nunca las recomendaciones legales que señaló el letrado, ya que después se contrató a los hermanos García–Ruiz sin previamente convocar ningún concurso público sobre este proyecto, como exige de forma muy clara la ley de contratación.