Ya no hará falta que se presente voluntario. Dentro de pocas semanas Jaume Matas recibirá una notificación del juzgado con día y fecha para que acuda a declarar ante el juez Castro, que quiere aclarar su intervención, directa y personal, en la construcción del velódromo Palma Arena. Jaume Matas será acusado formalmente de prevaricación, y no de un solo delito, sino de dos, según señalaron fuentes conocedoras del caso.

Antes de dar paso al protagonismo judicial de Matas, el juez quiere concluir la toma de declaración de todos los testigos e imputados que han ido aparecido en la investigación de la gestión, llena de irregularidades, del velódromo. Por ello, aún no hay fecha para su citación, pero se calcula que podría producirse en el mes de octubre.

Antes de tramitar su imputación formal, el juez Castro tomará declaración a todos los integrantes de la antigua guardia pretoriana del ex president que han tenido algún tipo de actuación en el proceso de construcción del Palma Arena, bien haciendo contrataciones de técnicos o firmando autorizaciones de dudosos pagos a empresarios próximos al PP. Después, el protagonismo lo adquirirá Matas, quien había manifestado su disposición a acudir a declarar. Con esta citación el juez cumplirá sus deseos.

Aunque faltan muchos detalles por descubrir en esta investigación, lo que sí ha quedado claro, porque así lo han dicho ya varios imputados y testigos, es que Jaume Matas se implicó personalmente en este proyecto. A diferencia de otros casos de corrupción durante su etapa de gestión que se han descubierto, ahora no podrá excusarse en su desconocimiento y desviar las culpas hacia su personal de confianza. Fue el ex president quien recibió en su domicilio a Ralph Schürmann para ofrecerle el proyecto del Palma Arena y después llamó personalmente por teléfono a los hermanos García-Ruiz para pedirles que continuaran con la obra una vez despedido el arquitecto alemán. Estas contrataciones a dedo, sin ningún tipo de concurso previo, sostendrán la acusación de prevaricación, que es un delito que comenten los funcionarios públicos al faltar, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes de su cargo.

La ley es muy clara en cuanto a las adjudicaciones públicas y mucho más si se trata de una construcción de envergadura. La norma prohibe contratar a un determinado profesional sin existir previamente un concurso público. Sólo se contemplan dos excepciones. La primera es que el técnico elegido sea la única persona en el mundo capaz de realizar un determinado proyecto. En este caso se elige a Schürmann, pero está claro que no es el único profesional capaz de diseñar un velódromo porque después se otorga el proyecto a los hermanos García-Ruiz. La otra excepción a la convocatoria de un concurso sería una situación de emergencia. La construcción de un velódromo deportivo no supone ninguna emergencia que justifique una contratación directa, en este caso de los arquitectos.

Informe jurídico

En el desarrollo de la construcción del Palma Arena estos preceptos legales no se han cumplido. Nunca se convocó un concurso público ni se eligió la mejor oferta. Con la aprobación de Matas se eligió primero a Schürmann y después a los García-Ruiz. Además, el Govern pidió un informe jurídico y el técnico que lo redactó advirtió que la contratación del arquitecto alemán había sido irregular al no convocarse concurso. No sólo no se siguieron los consejos del jurista, sino que Matas, y así lo han reconocido los dos hermanos García-Ruiz, les pidió por teléfono que continuaran con el proyecto a cambio de un millonario sueldo. A juicio de los juristas, al menos estas dos decisiones del ex president podrían estar englobadas en un delito de prevaricación, ya que habría tomado una decisión conociendo que se trataba de una ilegalidad, según advertía el informe jurídico. Este delito conlleva penas de inhabilitación.