Los investigadores del caso Palma Arena intentan esclarecer si el instituto público Ibatur, adscrito a la conselleria de Turismo, pagó facturas falsas a la empresa organizadora de la campaña electoral del Partido Popular.

Las indagaciones se han acelerado tras el hallazgo de correos electrónicos comprometedores en la sede de la firma Nimbus, propiedad de Miguel Romero. Las sociedades mercantiles de este publicista lograron decenas de contratos a dedo del Govern de Jaume Matas (PP) entre los años 2004 y 2007. Entre estas adjudicaciones destaca la propaganda del campeonato del mundo de ciclismo (845.000 euros) y la gestión de la publicidad del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) en dicho evento deportivo. Por esta última tarea cargó al ente público 350.000 euros, una cantidad superior a la prevista porque el presupuesto resultó insuficiente, adujo el empresario ante el juez instructor José Castro y los fiscales.

Entre noviembre de 2006 y abril de 2007, Nimbus y sus sociedades satélites libraron al Ibatur numerosos recibos, hasta el punto de que un empleado de la agencia se hizo eco en un e-mail de la proliferación de "facturas ficticias". En otro correo electrónico, de carácter interno, un trabajador alerta a Miguel Romero del riesgo que supone enviar estas "facturas falsas".

El entramado societario del publicista se halla estrechamente ligadas al Partido Popular, formación a la que diseñó su campaña electoral en 2007. Por esta labor ha reconocido que recibió al menos 71.000 euros en dinero negro, entregados por el entonces gerente de los populares y cuñado de Jaume Matas, Fernando Areal.

Una de las asalariadas de la agencia admite que los servicios dispensados al PP se cobraban casi a precio de coste y sin emitir facturas. Además reconoce que era una situación atípica y sólo se hacía con el Partido Popular. Las labores desarrolladas para los populares se archivaban bajo el epígrafe ´Producciones B´.

Los investigadores han documentado que Nimbus y sus empresas hermanas consiguieron 15 contratos entre 2005 y 2007 de la conselleria de Deportes y otros 54 del departamento de Vicepresidencia, regido entonces por la actual presidenta del PP, Rosa Estarás. Para que estas adjudicaciones no salieran a concurso público se troceaban en paquetes de 12.000 euros.