La ley de Servicios Sociales tardará unos cinco años en aplicar todas sus ayudas

C. CANALS. PALMA. La conselleria de Asuntos Sociales dispone de año y medio para fijar y presentar todas las actuaciones que finalmente incluirá la ley de Servicios que esta semana ha entrado en vigor, bien conocida por aspectos tan llamativos como garantizar el acceso a la alimentación, la ropa y el techo.
La titular autonómica, Fina Santiago, precisa que la cartera de servicios quedará fijada en este plazo de 18 meses, pero que la aplicación escalonada de las actuaciones que se determinen de obligado cumplimiento puede tardar "entre cuatro y cinco años" en consolidarse.
Santiago no esconde que sobre esta ley pesan las expectativas incumplidas de la ley estatal de Dependencia, "que se puso en marcha antes de comprobar que se disponía de medios para aplicarla". Precisamente por ello, la cartera de servicios se ha de pactar durante el próximo año y medio con ayuntamientos, consells y organizaciones benéficas, a fin de garantizar que las medidas consensuadas podrán aplicarse sin excepción.
Cada servicio que sea incluido en la cartera final deberá establecer las diferentes prestaciones que ofrecerá –ya económicas, ya personales–, así como los requisitos que deberá cumplir el solicitante y la manera en que se financiará el servicio: desde la subvención total al copago, las opciones son numerosas.
La consellera subraya que las soluciones no pueden ser indiscriminadas: serán las evaluaciones de los servicios sociales que determinen la mejor solución para los casos que puedan acogerse a los supuestos de la ley, los que cualquier ciudadano podrá reclamar ante un juez. Así, y a modo de ejemplo, en el caso que se reclame alimentación, los trabajadores sociales podrán determinar si estas personas deberán acudir a un comedor social o participarán de un programa de reparto de alimentos o recibirán subvenciones para este fin.
Aumentar, pues, los servicios sociales que atenderán a la población es el primero objetivo que señala la Conselleria. Santiago considera que en un sociedad como la balear, se debería contar con una célula básica –compuesta por un trabajador social y un educador más un administrativo– por cada 7.000 habitantes. Desde luego, esto no quiere decir que cada equipo atienda a estas personas, puesto que cada zona geográfica muestra sus propias necesidades. "Los servicios sociales no sólo incrementan el gasto sino que generan empleo", sentencia Santiago.