EUROPA PRESS. PALMA.
El responsable de la empresa que suministró el videomarcador del Palma Arena, Ricardo Arroyo, negó hoy ante el juez que "estuviese amañado" el concurso llevado a cabo para la instalación del aparato, cuya adjudicación supuestamente ascendió a 6 millones de euros, según las investigaciones que se están realizando dentro del caso de presunta corrupción entorno a la ejecución del Velódromo palmesano.
Arroyo finalizó sobre las 12.15 horas su declaración, que se prolongó durante más de una hora y en la que estuvieron presentes, además del titular del Juzgado de Instrucción número 3, el abogado de la acusación particular, en representación del Govern, Manuel Pomar, así como los letrados José Ignacio Herrero, Ángel Aragón, Antoni Coll, y el del propio Arroyo, Gabriel Garcías.
Precisamente, el representante legal de Arroyo negó, a su salida de los Juzgados de Vía Alemania, que el coste de la instalación del videomarcador ascendiese a 6 millones de euros, "ni siquiera a la mitad, ni a la tercera parte".
