Ocho de cada diez parados interesados en la ayuda de 420 euros quedan excluidos

M. FERRAGUT. PALMA. Ocho de cada diez de las personas desempleadas que se han acercado ha solicitar información sobre la ayuda extraordinaria del Gobierno central no tienen derecho a recibirla. Según cálculos del responsable de Servei d´Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Marcel·lí Fernández, sólo podrán acceder a ellas el 20% de las personas que se están mostrando interesadas en estos días.
En declaraciones a este diario, Fernández explicó que en este primer momento –el lunes comenzó el plazo para comenzar a demandar esta ayuda– "mucha gente piensa que tiene derecho a recibirla", pero que confía en que estas cifras bajen "cuando la información sea más fluida". De hecho, y según destacó, ayer ya acudió menos gente a informarse ya que "más personas se han enterado que no tienen derecho a recibirla si no han acabado su derecho de prestación en agosto".
En este sentido, el responsable del SOIB puso algunos ejemplos para ilustrar ese descenso de afluencia. Por ejemplo, a la oficina de Inca el lunes acudieron 115 personas interesadas en este apoyo económico; el martes, esa cifra ya había bajado hasta las 80 personas. En Felanitx, ayer fue una docena de usuarios a ver si podían demandar esta prestación extraordinaria, mientras que el lunes fueron entre veinte y treinta personas desempleadas las que se acercaron a enterarse mejor de los requisitos.
Fernández aseguró que los formularios de solicitud que en la mañana del lunes faltaron, ayer ya estaban en las oficinas y se comenzaban a repartir, con lo que pudo iniciarse la tramitación de algunos casos. Según explicó, a él no le llegaron los impresos de Madrid hasta la una de la tarde del lunes.
El director general apuntó que a esta medida se le ha dado mucha relevancia mediática, pero quiso dejar claro que hay muchas otras iniciativas con más presupuesto para personas que se han quedado sin prestación, como el Pla de Reactivació de l´Ocupació (PROIB). Para este plan se han invertido 20 millones de euros para que los ayuntamientos pueden formar y contratar a parados sin derecho a prestación.