Hoy entra en vigor la Ley de Servicios Sociales

EUROPA PRESS. PALMA. Hoy entró en vigor la Ley de Servicios Sociales, que establece que todo ciudadano tendrá garantizados unos mínimos de comida, ropa y techo y que, en el actual marco de crisis económica, prevé la protección de las personas que se encuentran en situación de dificultad, especialmente en lo que se refiere a los colectivos más vulnerables.

Así, el pasado 2 de junio, el Parlament aprobó esta normativa, con la abstención del PP, mediante la cual Baleares se convirtió en la primera Comunidad Autónoma, que cuenta con una Ley de estas características y que contiene 139 artículos y cuatro disposiciones, mediante las cuales el Govern prevé, entre otras medidas, planificar y garantizar la cobertura de las prestaciones sociales a todos los ciudadanos.

A partir de su aprobación, se inició un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para que la Conselleria dirigida por Fina Santiago mantenga conversaciones con los grupos parlamentarios, los Ayuntamientos y las diferentes entidades, con el fin de elaborar una cartera de servicios sociales que se aprobará por Decreto y que, como elemento básico de la Ley, definirá los "derechos subjetivos" que cualquier persona podrá reclamar ante los tribunales.

De acuerdo a lo establecido en el texto de la normativa, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades, como el establecimiento de comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.

Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre. El PP se abstuvo argumentando que no queda claro quién asumirá el coste de las garantías que contempla la ley.

Conviene señalar que otras comunidades tienen medidas similares dentro de la cartera de servicios sociales de las respectivas consellerias de Asuntos Sociales. Sin embargo, las islas se convirtieron en la primera región que vincula a una ley la garantía de estos derechos, en las mismas condiciones que la sanidad y la escolarización gratuita.