La extenuante sesión de declaraciones ante el juez José Castro, instructor de la presunta corrupción entorno al velódromo Palma Arena, propició una confesión que sitúa en la picota al ex gerente del consorcio para la construcción de este recinto, Jorge Moisés. El publicista Miguel Romero, dueño de la empresa Nimbus, admitió el pasado sábado que pagó a Moisés una comisión cercana a los 1.500 euros relacionada con un asunto paralelo al del velódromo.
La compañía comunicación y marketing de Romero recibió el encargo de promocionar la instalación deportiva. La sede de este negocio fue registrado por agentes de la Policía Nacional el pasado miércoles. Entre el caudal de documentación incautada, los investigadores hallaron un correo electrónico fechado en 2005 donde se hace mención a una supuesta comisión vinculada a un encargo de la fundación pública Illesport, dedicada a tramitar inversiones deportivas, becas y patrocinios. El mensaje incluye las iniciales del receptor del pago: J. M. El empresario explicó durante su comparecencia ante el juez de Instrucción número 3 de Palma que las mayúsculas correspondían a Jorge Moisés. El aludido prestó testimonio tras Miguel Romero y negó que se tratara de él. Siempre ha mantenido que su papel se limitó al de figurante, sin capacidad de decisión.
El ex gerente del consorcio salió a las cinco de la madrugada del sábado al domingo en libertad bajo fianza de 50.000 euros, la cantidad más alta junto a la impuesta por el magistrado al ex director general de Deportes del Govern, el medallista José Luis ´Pepote´ Ballester. Está previsto que ambos depositen la garantía en las próximas horas. Sobre ellos penden los cargos de prevaricación, falsedad de documento público y malversación de fondos.
Los cinco detenidos durante el transcurso de la primera fase de la Operación Espada abandonaron el juzgado de guardia de Vía Alemania de manera escalonada, cuando ya estaba a punto de romper el alba. Allí pasaron unas veinte horas, después de pernoctar tres noches en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional.
El portavoz del PP de Palma y presidente de la junta rectora del Consorcio, Rafael Durán, salió de las dependencias judiciales en libertad bajo fianza de 15.000 euros imputado por malversación de caudales públicos y falsedad documental. La otra fianza más baja de los cinco arrestados, otros 15.000 euros, correspondió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de la ejecución de las obras e integrada por FCC y Melchor Mascaró. A Rodríguez, afincado en Mallorca desde hace 30 años, según indicaron sus abogados, se le acusa de malversación de caudales y falsedad. Por último, el publicista depositó 25.000 euros. El auto del juez incluye para él los cargos de cohecho, malversación y falsedad.
