La Policía constata que Ballester firmó las facturas falsas del proyecto

J. FRANCISCO MESTRE, BENJAMÍN PALAU, MIGUEL MANSO MARCOS OLLÉS Y MATEU FERRER. Pepote Ballester entró en el Govern balear de Jaume Matas arrastrado por la fama de su medalla olímpica. Uno de los mejores regatistas mallorquines, que subió a lo más alto del podio en Atlanta 96, con contactos al más alto nivel del Estado, fue nombrado director general de Deportes, un departamento que quedó integrado en la conselleria que dirigió Rosa Puig, donde precisamente se han descubierto más irregularidades.
Matas quería dejar su impronta como presidente con una faraónica obra deportiva y esta misión se la encomendó a Pepote Ballester. Aunque no presidió directamente el consorcio que se creó para concluir esta obra, su capacidad de decisión era muy importante, según han podido constatar los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica.
La Policía, dirigida por la fiscalía Anticorrupción, tiene constancia de que el influyente deportista fue quien autorizó el pago de facturas por obras en el Palma Arena que nunca se realizaron. No fue el único que tomó decisiones trascendentes en el desarrollo de la obra. El ex gerente Jorge Moisés, sin conocimientos empresariales ni experiencia en este tipo de proyectos, firmó también facturas que aparentemente se han inflado. Moisés, que ayer pasó la noche encerrado en los calabozos de la comisaría de Policía, fue nombrado directamente por el Partido Popular para ocupar este importante cargo.
Otra de las sospechas trata de confirmar la Policía es que el ex director general d´Esports pudo desviar material que se compró a cargo del Palma Arena para instalarlo en una casa que se construye en la zona de sa Ràpita.
Los investigadores también tomaron declaración en la tarde de ayer a Ballester para tratar de que explicara las decisiones que adoptó y que han supuesto que el precio de esta obra se disparara de tal forma que dobló el presupuesto inicial.
El juez Castro, que asumió este caso hace ahora casi un año, cuenta con el apoyo de un informe realizado por un arquitecto, que ha enumerado las numerosas irregularidades que rodean esta obra. Así, el técnico descubrió que se habían abonado trabajos en el proyecto que nunca llegaron a hacerse. El perito señala que este sobrecoste tendría un valor aproximado de unos diez millones de euros, insuficiente en cualquier caso para justificar que la obra doblara su presupuesto.
La Policía confía en que la documentación intervenida resuelva la incógnita sobre el destino del dinero que se ha podido malversar en este proyecto público.