El caso Palma Arena ha estallado. Al menos seis personas, entre las que figuran el actual portavoz del PP en Palma, Rafael Durán, y el ex director general de Deportes del Govern Matas, José Luis Ballester (el conocido medallista olímpico de vela Pepote), fueron ayer detenidas acusadas de cometer graves irregularidades económicas en la macro obra deportiva del Palma Arena. Además de los dos políticos, también se arrestó al ex gerente del consorcio público que llevó a cabo el velódromo, Jorge Moisés; al arquitecto Ignacio Antonio Sáez; al publicista de la empresa Nimbus, Miguel Romero, y a un ingeniero de la UTE constituida para construir la faraónica obra.
La operación policial es la respuesta a la querella criminal presentada por la fiscalía Anticorrupción de Balears, que pretende aclarar el destino de los más de 50 millones de euros de sobrecoste que se pagaron para terminar con la construcción de un polideportivo que está repleto de deficiencias.
A primera hora de la mañana el juez José Castro, que desde hace meses investiga este caso, acompañado por los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán y de varios policías, allanaron una serie de oficinas de empresas y domicilios particulares, entre ellos el de Ballester. Con estas entradas y registros se buscaron documentos para aclarar la presunta trama económica montada a través de esta empresa pública, que estuvo constituida por el Consell de Mallorca el Govern balear y el Ajuntament de Palma.
El Grupo de Delincuencia Económica realizó, al menos, cinco registros, si bien se preveían algunos más. Donde se buscaron más documentos fue en la sedes de la empresa de publicidad Nimbus, en el Paseo Mallorca y en la calle Metge Matas. La Policía también se llevó documentos de la oficina de la UTE, constituida por las empresas Melchor Mascaró y FCC, situada en la calle Portopí. Por último, se registró la vivienda particular de Pepote Ballester, en la calle Cigüeña de Palma y una empresa de servicios ubicada en el polígono de Marratxí.
Detenido en Cort
El concejal Rafael Durán, que presidía el consorcio que se constituyó para llevar a cabo este faraónico proyecto, fue detenido en las dependencias del PP en el Ayuntamiento de Palma, acusado de un supuesto delito de prevaricación. El arresto fue presenciado por la ex alcaldesa Catalina Cirer, que fue quien le propuso para ocupar su cargo de portavoz.
Por la noche, Durán se acogió a su derecho a no declarar ante los fiscales y la Policía, y según su abogado, José Ramón Orta, lo hará ante el juez, por lo que ayer se especulaba que el edil podría permanecer en los calabozos incluso hasta el sábado, pues se agotarían las 72 horas que la ley marca como máximo para que un detenido pase a disposición judicial.
El letrado proclamó la inocencia de su cliente, y aseguró haberle visto "tranquilo y sereno, convencido de que va a salir la verdad". También se mostró visiblemente indignado por el hecho de que los fiscales hubieran denegado la libertad de Durán, algo que calificó de "injustificable". Según el abogado, el delito que se imputa al concejal del PP "no lleva aparejada la pena de cárcel", y añadió que "ninguna de la documentación que se ha incautado" pertenece al concejal, ni tampoco figura en la misma.
