El Consejo Fiscal cuestiona la forma en que Barceló asumió el caso de Matas

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. El Consejo Fiscal, el órgano asesor del fiscal general del Estado, debatió ayer en Madrid sobre la competencia para decidir si se archivan o denuncian las diligencias informativas de la fiscalía de Palma por presunto cohecho y otros delitos contra el ex president del Govern del Partido Popular, Jaume Matas. Los fiscales electos criticaron la fórmula empleada por el fiscal superior de Balears Bartolomé Barceló para sustituir en el caso a los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, y el fiscal general del Estado decidió aplazar su resolución sobre el futuro de la causa.
El Consejo Fiscal está formado por tres miembros natos: El fiscal general del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe (este puesto vacante por el fallecimiento de su último titular) y nueve fiscales electos, elegidos por la carrera para mandatos de cuatro años y entre los que se encuentra el fiscal palmesano Adrián Salazar.
Hace unos días el fiscal general del Estado decidió no prorrogar por otros seis meses las diligencias de la fiscalía palmesana por el supuesto desfase patrimonial de Jaume Matas, unas pesquisas abiertas tras una denuncia anónima por supuesto cohecho. Los fiscales encargados del caso, Carrau y Horrach, eran partidarios de prorrogar las investigaciones y, en caso contrario, denunciar a Matas ante el juez de guardia. El fiscal superior Barceló, aplicando el artículo 23 del Estatuto Fiscal, optó por sustituir a los fiscales anticorrupción y quedarse el caso, de cara casi con toda seguridad a su archivo.
Carrau y Horrach discreparon de su remoción y llevaron su sustitución al Consejo Fiscal, que ayer analizó con intensidad lo ocurrido.
Los nueve fiscales electos no coincidieron con Pumpido y el teniente fiscal del Supremo respecto al sistema empleado para apartar a Carrau y Horrach del caso.
Los vocales no natos se mostraron contrarios a la asunción del caso por el fiscal Bartolomé Barceló y pidieron que el asunto se encarrile por el artículo 25 del Estatuto Fiscal. Esta disposición facultaría a los subordinados (en este caso Carrau y Horrach) a exponer de forma razonada sus discrepancias contra la orden del fiscal superior Barceló para archivar el caso del patrimonio de Jaume Matas. Barceló, en caso de no compartir las alegaciones de los fiscales anticorrupción, tendría que plantear la cuestión ante la junta de fiscales de Palma para que ésta se manifestara respecto a la controversia.
No obstante, el artículo 25 seguiría dejando en manos del fiscal superior la decisión de archivar la investigación contra Matas o denunciarla ante el juez, una vez oída la junta de fiscales.
Ante la diferencia de criterios en el Consejo Fiscal sobre la fórmula y futuro de la causa, Cándido Conde Pumpido optó por aplazar su toma de postura oficial.
Según una nota oficial, el fiscal general "estudiará en profundidad las diferentes opiniones jurídicas vertidas y comunicará a los vocales su decisión al respecto en los próximos días".
Con independencia de la postura de la fiscalía, un abogado palmesano ya se ha ofrecido a denunciar a Jaume Matas y sus posibles cómplices ante el juez de guardia y ejercer la acción popular.