Carrau y Horrach cuestionan que el fiscal superior asuma el caso Matas

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. Juan Carrau y Pedro Horrach, los dos fiscales anticorrupción de Balears, han cuestionado ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que su jefe en Palma, Bartolomé Barceló, sea quien decida sobre el futuro de las pesquisas contra el ex president del anterior Govern del Partido Popular, Jaume Matas, sospechoso de un incremento ilícito de su patrimonio, y que ellos quieren transformar en una denuncia, mientras que Barceló no lo tiene tan claro. El Consejo Fiscal, un órgano asesor del fiscal general del Estado, analizará el caso contra Matas, aunque su decisión no es vinculante.

Las diligencias informativas se abrieron hace unos meses tras la denuncia de un particular anónimo y tratan de esclarecer si Matas incrementó ilícitamente su patrimonio en la pasada legislatura mediante sobornos (cohechos), según señaló ayer la fiscalía superior. El ex president, defendido por Rafael Perera, también podría haber cometido otros delitos, como falsedades o contra la Hacienda Pública.

Matas ha rechazado haber amasado un considerable patrimonio al margen de la Ley.

La Fiscalía General del Estado decidió hace varios días no prorrogar por otros seis meses las diligencias informativas de Carrau y Horrach, al estimar que los argumentos expuestos por éstos no avalaban la existencia de indicios delictivos en la conducta de Matas, residente ahora en Estados Unidos.

Conde Pumpido emitió un decreto desautorizando la prórroga, pero no se pronunció sobre el fondo del caso. Los fiscales anticorrupción de las islas discrepan de la postura del fiscal general del Estado y son partidarios de seguir las pesquisas, en las cuales ha colaborado la Policía Judicial de la Guardia Civil. Carrau y Horrach han redactado una serie de alegaciones en contra del carpetazo al caso y las han elevado al fiscal general.

Ayer se supo oficialmente que Bartolomé Barceló ha asumido las diligencias no prorrogadas, un cambio que está amparado por el artículo 23 del Estatuto Fiscal. Dicha disposición faculta a un fiscal superior a asumir un caso llevado por un subordinado o a sustituirlo por otro fiscal en dicha causa, siempre mediante una decisión motivada por escrito.

Esta misma disposición estipula que si el fiscal sustituido (en este caso los fiscales) disiente de la decisión de su superior, puede recurrir el cambio ante un nivel superior, que en este caso es el fiscal general del Estado. La norma obliga a que, en caso de discrepancia, también se comunique la sustitución ante el Consejo Fiscal.

Este órgano asesor del fiscal general analizará el futuro del caso Matas, pero su decisión no es vinculante para Conde Pumpido, que ya se ha pronunciado sobre la falta de indicios incriminatorios contra Jaume Matas.

Con independencia de la decisión que Conde Pumpido adopte sobre quién es competente sobre las diligencias informativas de Matas, el fiscal superior de Balears ya está estudiando el caso para decidir si lo remite al juzgado de guardia, como quieren Carrau, Horrach y otros fiscales de Palma, o lo archiva.

La queja del PP

Por otro lado, y tal y como informa la agencia Efe, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carles Cruz señaló en Palma que el órgano de gobierno de los jueces analizará la queja del Partido Popular de las islas contra lo que dicha fuerza tilda de "filtraciones" de sumarios de corrupción a la prensa. El vocal presentó el nuevo sistema de notificaciones judiciales vía Internet (Lexnet).