El Govern estudia limitar la entrada de asesores y crear una comisión ética

VIRGINIA EZA. PALMA. El conseller de Presidencia, Albert Moragues, anunció ayer la puesta en marcha de los trabajos para tener listo, en medio año, un borrador sobre la "política de integridad" en la administración autonómica. Este texto incluirá medidas que ya están en vigor junto a otras como la limitación y regulación de la entrada de asesores y personal de confianza, así como la creación de una comisión ética de Presidencia cuyo cometido sería la "continua vigilancia" de la integridad en la administración autonómica. Las medidas de integridad se aplicarán no sólo a president, consellers, cargos y asesores, sino también a funcionarios. En este sentido, Moragues recordó que algunos escándalos de corrupción necesitaron de la connivencia de algunos funcionarios
Se trata de iniciativas basadas en las propuestas efectuadas por el Fórum de la Ciudadanía que, en su análisis sobre la ética en el funcionamiento del Govern, plantea medidas para impedir la aparición de nuevos casos de corrupción. Este órgano de evaluación de las políticas y servicios públicos de la administración balear concluyó que las principales "áreas de riesgo" son la contratación pública, el uso en el manejo de la información privilegiada, el urbanismo y las empresas públicas.
El titular de Presidencia resaltó la necesidad de cambiar la imagen de Balears como "ejemplo del mal funcionamiento" de la administración autonómica, provocada por la gestión del Govern en la "época Matas", que situó a las islas en la pasada legislatura en el "top ten" de las administraciones en las que se han producido "corrupciones y malversación de fondos".
Entre las medidas que propone el Fórum se encuentra la de promover una política de "tolerancia cero" con la corrupción y la publicación de todas las subvenciones y contratos que se realicen, independientemente de su cuantía. Asimismo, apuesta por crear la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, además de nombrar el Síndic de Greuges.
Junto a ello, Moragues afirmó que el sector público está "sobredimensionado", por lo que el Govern tiene "la firme voluntad" de reducir las empresas y consorcios públicos, así como el número de altos cargos. Además, el Ejecutivo ya tiene elaborado el anteproyecto de ley del sector público, que "empieza a analizarse por las conselleries para que hagan los informes correspondientes" con el fin de que pueda debatirse en el próximo período de sesiones del Parlament tras el verano.
Por otro lado, consideró que si el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha decidido no prorrogar la investigación sobre el patrimonio del ex president Jaume Matas es porque "no ve indicios suficientes", si bien resaltó que esto "no impide" la reapertura de la investigación si aparecen nuevas pruebas. A su juicio, hay "gente que no entiende" que "se filtre un informe de la Guardia Civil" y que después el fiscal general archive el asunto.