Un informe pericial aportado al sumario del caso Peaje, la presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al desdoblamiento de la vieja carretera de Palma a Manacor efectuado por el anterior Consell de Mallorca, ha constatado que algunos caminos y vías auxiliares, así como varios enlaces de la "autovía" principal tienen una menor anchura a la proyectada. El mismo dictamen eleva el sobrecoste de la nueva carretera en un 18,5 por ciento, pasando de los 122 millones de euros presupuestados a 145 millones de euros.
La fiscalía anticorrupción y el grupo policial de Delincuencia Económica investigan, desde marzo pasado, si altos cargos cargos del departamento de Carreteras del Consell (el conseller Antoni Pascual; el director insular de carreteras, Gonzalo Aguiar; el ingeniero-director de obras, Francisco Orejudo; y el celador de vías, Gabriel Mestre, participaron en un supuesto entramado para lucrarse con fondos públicos destinados a la reforma de la carretera de Manacor.
Estos funcionarios y autoridades habrían estado compinchados con responsables de obras, gestores y propietarios de las siete empresas que conformaron la UTE Desdoblamiento C-715.
Según la fiscalía anticorrupción, las sumas desviadas a bolsillos e intereses particulares fueron muy elevadas y dispararon los costes del proyecto. Para camuflar esas salidas de fondos y materiales se habrían falsificado facturas y también se pudo mermar la calidad de la carretera.
En este sentido el juzgado de instrucción 5 encargó al arquitecto Rafael Balaguer, perito judicial en otros casos de presunta corrupción, como Andratx, la redacción de un estudio sobre la calidad de la nueva "autovía".
El perito, tras inspecciones oculares y cotejo de abundante documentación, concluye que el ancho de los carriles principales y arcenes se amolda a lo diseñado: "La anchura de la carretera responde a las secciones del proyecto" e incluso la supera en algunos elementos.
Sin embargo, Balaguer ha descubierto que "diversos caminos auxiliares y enlaces con otras arterias" tienen una anchura que no se corresponde con lo establecido en el proyecto.
Anticorrupción atribuye también al celador de carreteras del Consell, Gabriel Mestre, el lucrarse personalmente vendiendo a la UTE esculturas de marés fabricadas por su empresa particular Trossos de Marés S.L. Estos adornos fueron instalados en rotondas de la m nueva vía y fueron adquiridas a un precio desmesurado.
