El primer juicio del caso Relámpago podría aplazarse tras ser recusado un juez de lo penal

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. El primer juicio de una de las piezas separadas del caso Relámpago, que afecta como imputados al letrado Gabriel Feliu y a un ciudadano ruso, podría aplazarse tras ser recusado el juez de lo penal encargado de la vista oral.
El juicio está señalado para finales de julio en un juzgado de lo penal de Palma, cuyo titular estuvo destinado en 2007 en un juzgado de instrucción de Palma.
La causa de la recusación es que el magistrado podría estar contaminado procesalmente puesto que como juez de instrucción intervino en el caso Relámpago.
Si la recusación no se resuelve antes de finales de julio, la vista oral podría aplazarse en espera de que la Audiencia decida si el hoy juez de lo penal puede entender del caso o conviene ser sustituido por otro magistrado.
La fiscalía anticorrupción reclama elevadas penas de prisión para Feliu, representado por el Bufete Pomar, y para su antiguo cliente ruso.

Expectación

En medios jurídicos existe expectación por esta primera vista oral del caso Relámpago, puesto que la mayoría de las 14 piezas separadas abiertas son muy similares: clientes del Bufete Feliu presuntamente eluden pagar a la Hacienda española importantes sumas mediante subterfugios como el empleo de testaferros, sociedades pantalla o paraísos fiscales.
Varios miembros de la asesoría legal aparecen imputados en algunas de estas piezas separadas en su calidad de abogados o representantes de los presuntos defraudadores fiscales.
En algunos de estos subcasos (piezas separadas) aparecen también encausados presuntos hombres de paja o testaferros usados por los principales imputados para aparecer como gestores o apoderados de las sociedades.
Una de las líneas de defensa usadas por varios abogados personados en la causa también cuestiona la validez de algunas pruebas obtenidas tras los pinchazos en teléfonos de sospechosos y los registros practicados, a partir del 27 de abril del 2007 y de manera simultánea en inmuebles de Palma y Madrid.
Los abogados argumentan que la fiscalía anticorrupción y el grupo de Delincuencia Económica de la Policía actuaron en cierta medida a voleo al registrar la asesoría Feliu y sin saber muy bien qué buscaban. Esta tesis ha sido rechazada ya por el magistrado Antoni Garcías, que ha respaldado la solidez y ortodoxia del sumario.