MIGUEL MANSO. PALMA.
Los firmantes han tardado 19 meses y un día en sellar un compromiso tan bienintencionado como difuso que responde al extenso nombre de Acuerdo General para la Competitividad, la Ocupación y la Cohesión Social de les Illes Balears. La rúbrica permitió ayer al president Antich escenificar su buena sintonía con la patronal CAEB y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. El documento elevado a la condición de pacto estratégico debe impulsar un nuevo modelo económico basado en el desarrollo sostenible, la estabilidad laboral, la innovación tecnológica y el diálogo entre los agentes sociales.
Como suele ocurrir con acuerdos de estas características, los integrantes desplegaron un abanico prolijo en lugares comunes donde no faltaron las expresiones como "gobernanza", "hoja de ruta" y "sinergias". Durante el acto celebrado en el Consolat de la Mar, que contó con la presencia de consellers, sindicalistas y dirigentes de diversas ramas empresariales, el president Antich subrayó el objetivo de diversificar la economía pese a una "crisis de grandes dimensiones" e "impulsar los sectores emergentes que representan nuevos yacimientos de ocupación". También incidió en "la combinación de los derechos laborales y sociales con instrumentos de ordenación turística que contribuyan a una política turística compartida".
La secretaria de Comisiones Obreras, Katiana Vicens, fue la única interviniente que se salió ligeramente del discurso políticamente correcto al afirmar que los trabajadores " no son los responsables de la crisis" y que la recuperación no pasa por "recortes sociales".
Por su parte, Manuel Pelarda, de UGT, aclaró que el acuerdo no tiene conclusiones porque se trata de un "pacto vivo", y avanzó que las siguientes reivindicaciones del sindicato se orientarán a mejorar la educación y la sanidad. El pacto rubricado contiene diecisiete acuerdos entre el sector público y privado en materia de turismo, educación, vivienda, ocupación, investigación y derechos sociales, entre otras.