Duran declara mañana ante el juez por el caso Funeraria

EUROPA PRESS El portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Duran, declarará mañana como testigo ante el magistrado del juzgado de instrucción 11, Manuel Penalva, encargado de instruir el caso Funeraria, que investiga la presunta trama urdida a través de la empresa funeraria de Palma y por la que su principal imputado y ex gerente de la misma, Óscar Collado, se encuentra en prisión sin fianza desde el pasado día 13.

Duran ha sido citado a declarar ante el juez después de que no pudiese comparecer el pasado jueves, cuando estaba previsto que lo hiciese, de modo que finalmente la vista fue aplazada para mañana. Hace meses el ex teniente de alcalde ya fue interrogado en el marco de estas investigaciones sobre los detalles que rodean a la compraventa de una sepultura para unos familiares.

En concreto, fue el pasado miércoles cuando Duran confirmó que hace unos meses fue citado a declarar por la Fiscalía Anticorrupción para hablar sobre la compra de una sepultura y evitar así que sus padres, "dos personas mayores", tuviesen que ir hasta la Policía para hacerlo. El portavoz 'popular' admitió, sin dar más detalles, que sus padres compraron hace tres años una tumba al ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal.

Junto al dirigente 'popular' también están citados a declarar varios testigos más, que a lo largo de la mañana ofrecerán sus explicaciones acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el ex gerente mediante la sustracción de dinero de la caja y el cobro de comisiones en la compraventa de tumbas y ataúdes, por las que sobre Collado pesarían los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, fraude a la administración pública y prevaricación. El caso se encuentra bajo secreto sumaria

Según explicó el vicepresidente de la EFM y teniente de alcalde de Hacienda, Joan Alcover, la investigación de la contabilidad de la empresa municipal se inició a raíz del escándalo de los viajes privados que realizaron Collado y la ex presidenta de la EFM, Marina Sans, y que fueron facturados en la pasada legislatura a esta empresa pública, por una cantidad superior a los 7.000 euros.