Salud. los servicios jurídicos de la comunitat buscan una salida al contencioso hospitalario
F. GUIJARRO/I. OLAIZOLA. PALMA.
El Govern balear "está dispuesto a hacer todo lo que esté en sus manos" para evitar que se paralicen "ni un solo día" las obras del hospital de Son Espases, según advirtió ayer su president, Francesc Antich. Y entre las medidas que se están estudiando se incluyen las legislativas, con la posibilidad de aprobar un decreto ley específico para este tema.
Sobre este último punto, el president recordó que existe un precedente, ya que el Ejecutivo autonómico ya aprobó un decreto para agilizar las obras del hospital de Eivissa, algo que en ese momento "a todo el mundo le pareció normal", según apuntó.
Francesc Antich hizo estas declaraciones 24 horas después de que se conociera el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears, por el que ordena la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que acordó suspender la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Palma que hacía posible la construcción del centro hospitalario, con la correspondiente paralización cautelar de los trabajos.
El president balear señaló que ha dado la orden a los servicios jurídicos de la Comunitat de que analicen "desde todos los puntos de vista" las vías existentes para que las obras puedan seguir adelante, y añadió que aunque inicialmente se plantea realizar una "buena defensa" de los recursos interpuestos, no se descarta llegar a la citada vía legislativa.
Antich puso de relieve el perjuicio que se puede ocasionar a Balears si se paraliza Son Espases, y recordó que en este tema está en juego la salud de los ciudadanos de las islas, ante la imperiosa necesidad de contar con un nuevo hospital de referencia que sustituya al centro de Son Dureta, pero destacó también los daños que se pueden ocasionar a los más de mil trabajadores y a las empresas que están participando en el proyecto.
El president subrayó que su Govern es respetuoso con el trabajo de los Tribunales, e hizo referencia a las iniciativas que se han adaptado para proteger patrimonio cultural del entorno y los restos arqueológicos encontrados, pero insistió que en este caso se van a utilizar todas las medidas posibles para evitar la paralización del proyecto.
Por su parte, el conseller de Salud, Vicenç Thomàs, recordó desde Madrid que la decisión del alto tribunal viene a mitad de 2009, cuando el hospital está "prácticamente construido" y se ha acometido en base a una modificación del PGOU y una licencia de obras municipal. Por tanto, confió en que el TSJB pueda atender el recurso de súplica en el que los servicios jurídicos de la comunidad están trabajando para presentar ante el TSJB.
Como señaló el conseller de Salud el pasado lunes tras conocerse el auto del alto tribunal, parar las obras tendría un importante coste económico para la comunidad que cifró en unos doce millones de euros mensuales aparte de los perjuicios que ocasionaría a los 842 empleados directos y los 280 indirectos que están trabajando en la actualidad en la infraestructura contratados por cuarenta y seis empresas. Entre las razones que esgrimió Thomàs para avalar la decisión de continuar las obras en Son Espases, que ayer criticaron de nuevo Esquerra Unida y el Bloc, indicó que no podrían hacer frente a las indemnizaciones que reclamarían las empresas adjudicatarias que habían obtenido treinta años de concesión para explotar la infraestructura.