MARIO MORALES. PALMA.
La amenaza de retirada de los chiringuitos de las playas ha levantado una gran oleada de protestas por parte del empresariado, que cree que esta decisión afectará a la imagen turística de España y a la creación de riqueza que supone su explotación.
El Gobierno está cosechando críticas porque su interés en aplicar la Ley del Suelo afectará a estos bares de playa. El presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Aurelio Vázquez, dijo al respecto que "en su día ya le planteamos a la vicepresidenta Fernández de la Vega nuestra perplejidad y preocupación por esta decisión".
Vázquez añadió que, de esta manera, "el Gobierno demuestra que carece de sensibilidad turística" porque en su opinión, los chiringuitos "son iconos del turismo pero también representan a un potente sector económico" y espera que el Gobierno "rectifique" porque "somos el segundo destino turístico del mundo y los chiringuitos generan además riqueza y empleo".
Además, Vázquez ha pedido al Gobierno que sea sensible con los deslindes de costas, tema que supone "la máxima preocupación porque afecta directamente a los intereses turísticos de España".
En el mismo sentido se manifestó el presidente de Pimem Juan Cabrera, que también preside la Asociación de Restauración. "Los chiringuitos representan un icono de la cultura española. A quien se le ocurrió retirarlos, no tiene conocimiento de la imagen que tienen en el extranjero, y además, los turistas tienen derecho a disfrutar de su estancia en nuestras playas".
El presidente del Fomento del Turismo Alvaro Middelmann, reiteró ayer su postura crítica con el Gobierno en este aspecto, que ya adelantara durante las jornadas organizadas por la APD. Ayer indicó que con sus manifestaciones, "conseguí despertar la inquietud" de los asistentes y también llamó la atención "a la sensibilidad de Antich".
Discrepancias en el Govern
El president Francesc Antich había manifestado durante el almuezo posterior a las jornadas de la APD, su apoyo a la decisión del Gobierno, por la necesidad de aplicar la Ley de Costas.
Sin embargo, su conseller de Medio Ambiente, Miquel Angel Grimalt, matizó ayer la postura oficial del Ejecutivo balear, señalando que preferiría que no se retiraran los chiringuitos "en un año complicado como éste, se pueden esperar uno o dos años más".