El sector turístico obliga a Grimalt a cambiar su decreto sobre obras

Las patronales se posicionan radicalmente en contra de que se permitan construcciones en zonas costeras durante la temporada

F. GUIJARRO. PALMA. El sector turístico se posicionó ayer de forma unánime y radical en contra del decreto anunciado por el conseller de Medio Ambiente, Miquel Àngel Grimalt, por el que se iba a permitir la ejecución de obras durante el verano en las zonas costeras. La presión de las patronales fue lo suficientemente intensa como para que al final de la mañana el citado departamento autonómico hiciera público un comunicado anunciando que la futura norma no se aprobará sin haber sido consensuada previamente con el citado sector empresarial.
La primera reacción contra el Decreto Grimalt vino de la mano de los hoteleros. La asociación de cadenas de Balears reclamó una "revisión urgente" del citado documento antes de su aprobación, al considerar que iba a "traer consecuencias negativas para la actividad turística, en forma de anulaciones de reservas e indemnizaciones a los tour operadores y clientes perjudicados" por la ejecución de las obras. El presidente de esta patronal, Aurelio Vázquez, destacó que durante la mañana de ayer se había mantenido un contacto con el conseller, y que se había conseguido el compromiso de éste de que iba a modificar sus planes iniciales.
Porque los hoteleros no habían sido los únicos en dar la voz de alarma. El presidente de la patronal de comercio Afedeco, Bartolomé Servera, no dudó en calificar de "disparate" la iniciativa del conseller de Medio Ambiente ante los daños que podría general a la oferta complementaria y al conjunto del sector, y denunció el cúmulo de "ineptitudes" que se está registrando en el seno de las Administraciones, hasta el punto de afirmar: "Llegará a un punto en que acabaremos tirando al mar a algún político".
A su vez, el presidente de la asociación de restauración de Balears, Antonio Mas, advirtió que la ejecución de obras en zonas turísticas durante el verano podría conllevar el cierre de muchos bares y restaurantes, al provocar la desaparición de su clientela, y recordó los enormes perjuicios económicos sufridos por muchos establecimientos de Palma por las obras realizadas, con el agravante de que en las zonas costeras sólo se disponen de cuatro meses para rentabilizar el negocio.
Los únicos apoyos al Decreto Grimalt vinieron de la mano de patronal y sindicatos de construcción, aunque el director de la primera, Manuel Gómez, lamentó que el conseller no hubiera informado previamente a su sector del contenido de la normativa que quería aprobar. En cualquier caso, Gómez defendió la necesidad de regular de forma coherente la ejecución de obras en zonas turísticas, con el fin de hacer frente a las restricciones "excesivas" que se aplican en algunos municipios, y reclamó que se puedan realizar algunos trabajos, siempre y cuando no resulten molestos.
Por su parte, el grupo ecologista GOB expuso su preocupación ante la posibilidad de que la agilización de los trámites administrativos sirva para autorizar proyectos que de otra forma no se hubieran aceptado.