La Eurocámara acusa a todas las administraciones españolas

I.O. PALMA. El Parlamento Europeo, tras la aprobación del informe Auken por 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, responsabilizó a todos los niveles de la Administración española por impulsar un modelo de "desarrollo insostenible".
Pero no son los únicos responsables de la actual situación. Bruselas también cargó las tintas contra las autoridades judiciales, de quien aseguró que "han demostrado que no están debidamente preparadas" para responder a los abusos urbanísticos.
El Europarlamento reclamó la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado el derecho comunitario, así como que se suspendan o se revisen "todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
El Parlamento Europeo llamó también la atención sobre el "desastroso impacto ambiental de muchos desarrollos urbanísticos masivos, en especial en las costas e islas".
Una de las enmiendas aprobadas durante la tramitación del informe de la eurodiputada danesa que lo endureció afecta especialmente al archipiélago balear al destacar que el actual modelo de crecimiento urbanístico "tiene consecuencias negativas sobre el sector turístico ya que se trata de un modelo devastador para el turismo de calidad, dado que destruye los valores del territorio –yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, entorno natural y paisajístico– y fomenta la masificación".
Por último, la instancia comunitaria también se mostró muy crítica con la nueva Ley de Costas e instó a que se revise para impedir que un acto administrativo que obligue a ceder una propiedad esté basado en leyes promulgadas después de la construcción de ese inmueble. Buscaba proteger así los legítimos derechos de los propietarios de viviendas costeras "que no tienen un impacto negativo" sobre ella.