Es "imposible" que el Joan Crespí funcione como centro de rehabilitación para personas con una gran discapacidad motora. El Partido Popular lo presentó así y lo inauguró por todo lo alto, catalogándolo además de centro de referencia. Ahora, tras más de ocho millones de euros invertidos y un retraso de dos años en su apertura, el actual equipo de Asuntos Sociales confirma que no es posible que sea un centro para grandes discapacitados porque no fue diseñado con ese fin y carece de los espacios y recursos necesarios.

Cuando el PP estaba en el Govern heredó un proyecto del anterior Pacte de Progrés para crear un centro con servicios para discapacitados, con oficinas para hacer valoraciones y con cuatro plazas residenciales ´de respiro´; nada que ver con el centro de rehabilitación con una veintena de plazas que se presentó a la sociedad mallorquina hace dos años cuando fue inaugurado.

Cambio de uso

Según explicó a este diario la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, al llegar al poder el PP decidió cambiar la finalidad del Joan Crespí y convertirlo en una especie de "sustitución del Instituto Guttman de Barcelona" (centro de referencia en todo el país para el tratamiento medicoquirúrgico y la rehabilitación integral de grandes discapacitados físicos de origen neurológico).

La idea era que los usuarios permaneciesen unos meses en el centro para recibir "un tratamiento de choque de rehabilitación" y evitar que tuvieran que trasladarse a la península, según dijo en su momento la entonces consellera de Presidencia, Rosa Puig, que también puso como modelo el Hospital de Parapléjicos de Toledo.

Ese cambio en el uso del edificio, realizado cuando el proyecto arquitectónico estaba concebido para otra cosa, ha provocado que el Joan Crespí siga cerrado, a los dos años de haber sido inaugurado por el antiguo presidente del Govern, Jaume Matas, y por la Reina Sofía.

Esa modificación entre el proyecto inicial y lo que se presentó es notable, según cuenta Santiago. Basta fijarse en el número de habitaciones: si el proyecto original contemplaba cuatro, al final se habilitaron veinte de reducidas dimensiones en lo que iban a ser oficinas.

La consellera explica que para que sirviese como sustituto del Guttman y el de Toledo, como pretendía el PP, necesitaría, entre otras cosas, una unidad hospitalaria, además de cosas más sencillas como una cocina y una lavandería. También requeriría más espacio para poner toda la maquinaria para la rehabilitación. Santiago señala además los inconvenientes de un edificio de cinco pisos para este tipo de usuarios, frente a residencias como la de Son Güells, horizontal y totalmente accesible.

Al heredar el edificio, el actual equipo de Asuntos Sociales convocó un concurso para encontrar una empresa que gestionase el servicio como centro de rehabilitación. Quedó desierto porque ninguna de las tres compañías que se presentaron cumplía los requisitos necesarios. Eso frustró los planes de la consellera, que en 2007 echó cuentas y anunció que podrían abrirlo en abril de 2008. Ahora Fina Santiago está en contacto con varias entidades para acordar un nuevo uso para el centro y preparar su próxima apertura.

El centro inicialmente costó ocho millones de euros, a los que habrá que sumar ahora los gastos que suponga adaptarlo al nuevo uso que se acuerde. La Conselleria negocia aún la liquidación del proyecto.