Los concesionarios de Balears empezarán a dar la ayuda de 1.000 euros a partir del lunes

Esperan que el Govern se sume a la propuesta

EUROPA PRESS. PALMA. Los fabricantes de coches empezarán a facilitar las ayudas de 1.000 euros por vehículo que ha aprobado el Gobierno central a partir del próximo lunes. Una medida que los concesionarios consideran acertada porque dará algo de oxígeno al sector, asfixiado por la caída de las ventas. En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Balears (Aseda), Miquel Pastor, expresó su malestar tras conocer que el Govern ha decidido aplazar la decisión sobre si se sumará a esta medida.

En declaraciones a Europa Press, Pastor expresó su confianza en que Balears acceda a aportar los 500 euros por vehículo, al entender que el sector de la automoción se está viendo muy perjudicado por la crisis, de manera que la medida del Gobierno central para dinamizar la venta de vehículos resulta "muy necesaria", si bien, al mismo tiempo, reconoce que (la medida) ha nacido de manera "improvisada" y "sin el consenso oportuno", por lo que desde la asociación "se entiende", en parte, que el Govern deba pensárselo.

Ello no significa, aclaró Pastor, que si finalmente Balears no aporta la ayuda se creará malestar entre los vendedores y fabricantes de vehículos. Además, añadió, la decisión se recibiría con "mucha extrañeza", porque cualquier medida encaminada a impulsar la economía, aunque sea desde un sector específico como la automoción, debería ser acogida. Balears acumula un stock de entre 10.000 y 15.000 vehículos sin vender, por lo que, explicó Pasto, "los fabricantes están impacientes por dar la ayuda".

En cualquier caso, aseguró que si el Govern declina dar las ayudas, los compradores de Balears contarán siempre con los 1.500 euros aportados por los fabricantes y el Gobierno central. Tras la reunión del Consell de Govern, la portavoz, Joana Barceló, manifestó que el Ejecutivo autonómico no rechaza sumarse a esta iniciativa, a diferencia de lo que ya han hecho Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco, que ya han expresado su oposición a la medida.