Una finca de Vicente Grande colindante con el Estadio Balear puede albergar el recinto ferial de Palma. La propuesta no ha llegado al Govern –que tramita el concurso a través de la conselleria de Industria– desde el Grupo Drac, dueño de los terrenos en suspensión de pagos. La intermediación ha correspondido a la inmobiliaria Durendes y Asociados (Durendesa), que ha presentado la oferta finalista. Actúa así como puente privado entre los poderes públicos encarnados por la autoridad judicial y la comunidad autónoma. Pere Perelló, gerente de la empresa pública Fires i Congressos, aseguró a este diario que "no conozco quiénes son los propietarios" de los terrenos. En tal caso, sería el único de los implicados en la operación que desconoce la vinculación. También ignoraba si la firma intermediaria disponía de la autorización judicial, "aunque debe tenerla o no hubiera pasado".

Desde Durendesa, implantada en Mallorca durante los años noventa, Jesús Escribano admitió que "no somos propietarios, pero es una operación que estamos manejando". Según el registro de la propiedad, la finca propuesta para el recinto ferial cubre 26.450 metros cuadrados, y está adscrita a Binipuntiró, eje del entramado societario de Grande. El portavoz de la inmobiliaria asegura que "encaja como un guante" en las necesidades del Govern. La suma que solicitan los concursantes se ajusta milimétricamente a la hipoteca de 16.900.000 euros que gravita sobre los terrenos. Según los intermediarios, "se negoció un precio razonable de mercado para ambos, más o menos a la baja".

Durendesa insiste en que actúa con la autorización de los administradores de la suspensión de pagos del grupo Drac, extremo confirmado desde fuentes próximas al procedimiento judicial. Tanto la valoración de los terrenos como la toma en consideración de la oferta han sido cuestionados por acreedores minoritarios de Grande. En su opinión, se estaría vulnerando el artículo 49 de la Ley de Contratos del Servicio Público, citado explícitamente en el pliego de bases y que establece la prohibición de contratar a las personas físicas o jurídicas que se hallen "declaradas en concurso". Perelló declara que "si incumpliera los requisitos, tendríamos un informe desfavorable, no queremos comprar un solar que nos cree problemas". La falta de consenso en torno al precio se extiende a la conselleria de Economía del Govern, que lo considera excesivo según fuentes de los vendedores. En el extremo contrario, los damnificados por la caída del ex presidente mallorquinista consideran inaceptablemente baja una suma que cubre únicamente el préstamo hipotecario, efectuado en su día por el Banco de Crédito Balear.

El grupo Drac presentó los intermediarios a los administradores judiciales, para la venta al Govern de la finca procedente del predio de Son Fornaris. Según fuentes próximas a la suspensión de pagos, el concurso de Fires i Congressos era "muy complicado", y se atribuyó a Durendesa una relación "fluida y ágil" con la administración. Respecto al sobreprecio que conllevará la intermediación privada, desde la esfera judicial se garantiza que percibirá "la comisión de mercado". En el último estado de opinión transmitido por los vendedores, "la operación va por buen camino, pero el Govern todavía no se ha pronunciado.