El técnico acusado niega haber pedido dinero al dueño de la cantera de Vilafranca

Carlos García, defendido por Josep Zaforteza y Alberto García, negó ayer ante los investigadores del caso Canteras haber solicitado una cuantiosa dádiva a Gabriel R., el dueño de una cantera de Vilafranca que destapó en parte la supuesta trama de corrupción.
García prestó declaración por la mañana en dependencias del Grupo de Delitos Económicos de la Policía. Por la tarde, fue puesto a disposición del juez de guardia, que ayer era el mismo que ya investigaba su caso.
El funcionario interino fue interrogado con insistencia sobre sus relaciones con Gabriel R., el dueño de la cerrada cantera de Vilafranca, que le acusa de exigirle un soborno de cuantía no establecida pero sí proporcional a la compensación de siete millones de euros que el primero reclama al Consell de Mallorca.
En esta conversación sólo habrían participado el industrial de Vilafranca y el funcionario interino, pero el primero comunicó después lo ocurrido a otras personas vinculadas al sector.
Fuentes relacionadas con los ingenieros de minas explicaron ayer que las industrias relacionadas con las canteras son un sector muy regulado y muy vigilado de cerca por la Administración. "Del trato que nos dé la Administración depende el funcionamiento, la buena marcha e incluso la supervivencia de cada explotación", precisaron las fuentes. Cada ingeniero despacha frecuentemente con el Govern en su calidad de técnico facultativo de las explotaciones. Las quejas de otros compañeros contra García por supuestas discriminaciones a la hora de tramitar expedientes llegaron hace meses al Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Ayer algunas fuentes hablaban de que García habría contado con cómplices o cooperadores necesarios para sus presuntos delitos y que recomendaba a los empresarios contratar a determinados técnicos afines a él.