Investigan si el funcionario del caso Canteras exigía cien mil euros por cada trámite

Carlos García quedó anoche en libertad tras declarar ante el juez

F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE./M.F. PALMA. Fuentes próximas al caso Canteras, la presunta trama de corrupción en torno al departamento que gestiona dicha área en la conselleria de Industria del Govern, señalaron ayer que Carlos García, el funcionario interino denunciado y detenido por supuesto cohecho y prevaricación, también habría exigido a empresarios y técnicos relacionados con el sector cien mil euros de comisión por cada trámite y expediente. García quedó anoche en libertad tras prestar declaración ante el juez de instrucción 8, que lleva el caso Canteras y que ayer estaba en funciones de guardia.

Carlos García es ingeniero de minas de profesión y funcionario interino del departamento de Canteras del Govern desde hace unos dos años. Sobre el técnico, de unos 36 años y natural de la Península, pesan varias denuncias de otros compañeros de profesión y del empresario Gabriel R.

Básicamente, el funcionario interino está acusado de reclamar una importante comisión, que él no habría llegado a cuantificar, a R. para emitir un informe favorable a las tesis del empresario en un proceso contencioso-administrativo donde el industrial reclama varios millones de euros al Consell de Mallorca.

Ayer otras fuentes del sector añadieron a esta imputación principal las acusaciones del reclamo de cien mil euros por mover cada expediente relativo a las autorizaciones y explotaciones de canteras.

Denunciado por el Govern

Ayer la consellera de Industria Francesca Vives confirmó que el Govern había denunciado a García ante la fiscalía debido a las importantes sospechas de corrupción que pesaban sobre él.

"Es un caso desagradable, pero aislado dentro de la Conselleria", valoró Vives. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer: le abrimos un expediente disciplinario, le suspendimos de empleo y sueldo seis meses como marca la normativa y denunciamos el caso ante la fiscalía", añadió la consellera.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de la Zona Noroeste de España (que comprende Cataluña, Aragón y Balears) ya había informado hace meses a la conselleria de Industria y a la de Función Pública del Govern de actuaciones poco ortodoxas del funcionario interino.

De hecho en la causa ya han pedido ejercer la acusación particular un dirigente de dicha corporación y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas.