Prohíben a un imputado de Royaltur salir de España

FELIPE ARMENDÁRIZ/B.PALAU. PALMA. La sala segunda de la Audiencia de Palma prohibió ayer, y como medida cautelar, al empresario Juan Piguillem, uno de los acusados de la supuesta estafa millonaria cometida en los años 90 con la compraventa de los hoteles del grupo Royaltur, salir de España sin permiso judicial.
Tal y como había dispuesto el mismo tribunal, Juan Piguillem compareció ayer en una vistilla para decidir qué medidas cautelares se tomaban sobre él para evitar que el juicio por el caso Royaltur vuelva a suspenderse.
Hace unas semanas (el 24 de febrero) la vista oral tuvo que aplazarse hasta el próximo septiembre por la incomparecencia de Piguillem, quien alegó hallarse enfermo y en tratamiento hospitalario en Singapur. El tribunal, después del nuevo intento de hacer un juicio por un caso que se remonta a los años 90, ya adoptó cautelas en relación a los otros acusados Simón Galmés, Antonio Mascaró y Juan Bautista Llorenç de Beltrán.
Ayer, y con el apoyo de Rafael Perera, acusador particular en nombre del presunto estafado, Jaime Moll, y de la fiscalía, la sala dispuso también que Piguillem se presente mensualmente ante el juzgado de guardia.
El empresario sólo podrá abandonar España si cuenta con la debida autorización de la Audiencia.
Moll reclama más de 94 millones a los encausados, así como a la Banca March, inmobiliaria Alcázar y Geinsa, una filial de ésta. Las defensas, entre las que destaca el bufete Coca, y la fiscalía, representada por Juan Carrau, coinciden en rechazar que los hechos sean constitutivos de delito alguno.