Un juez decidirá si Grande pagó varios millones de más por una finca

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Grande, el día 24 de abril en los juzgados penales.
Grande, el día 24 de abril en los juzgados penales.  Foto: M. Massutí
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La administración concursal pide la ineficacia de la compraventa de Son Bibiloni

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA. El juez de lo mercantil 1 de Palma deberá decidir si Vicenç Grande, el promotor inmobiliario en concurso de acreedores desde julio del 2008, pagó varios millones de más por la compra de la finca Son Bibiloni. En dicha operación, cuya ineficacia ha pedido la administración concursal, participó como intermediario el ex alcalde de Montuïri por el Partido Popular Joan Antoni Ramonell, también empleado de Grande en esa época.
Ayer el juez Víctor Fernández presidió la vista oral de la demanda presentada por los administradores concursales del grupo Drac (Jorge Sáinz de Baranda, Salvador Fornés y Raimundo Zaforteza) contra Grande, Joan Antoni Ramonell y la anterior propietaria de Son Bibiloni (Balear de Grúas). En dichos terrenos el Real Club Deportivo Mallorca, que era también propiedad de Grande, levantó la Ciudad Deportiva Antonio Asensio.
Grande, representado por Joan Font, se allanó ayer ante el juez frente a las pretensiones de los administradores concursales. Los otros demandados se opusieron a la ineficacia de la operación.
Básicamente, Ramonell, defendido por el Bufete Capellà en la jurisdicción penal, poseía una opción de compra sobre las tierras por unos 2,3 millones de euros. El empleado de Drac y ‘ojeador’ de fincas para Grande le pasó a éste el negocio. El ex presidente del Real Mallorca acabó comprando los campos de Son Bibiloni y pagó casi 6,4 millones de euros, que en un elevado porcentaje iban destinados al propio Ramonell.
La administración concursal sostiene que fue un negocio muy negativo para la masa de acreedores de Grande (todos los perjudicados por el concurso voluntario, que reclaman unas deudas de unos 935 millones de euros) y por eso debe invalidarse. El juez tendrá que pronunciarse sobre esta demanda de incidente concursal y decidir si obliga a algunos de los beneficiados con la operación a devolver a la masa de acreedores el dinero recibido de Drac. Este mismo negocio y otros similares con intervención de Ramonell y Grande se investigan en vía penal en el caso Plan Territorial de Mallorca.

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