El Parlamento de la UE ha aprobado 40 normas clave para Balears desde 2004

E.P. PALMA. El Parlamento Europeo ha adoptado durante la legislatura 2004-2009 más de 40 medidas que afectan de forma directa a Balears, sobre todo en lo que se refiere a las actividades empresariales y del sector público, entre las que destacan principalmente las relacionadas con el transporte aéreo y marítimo, según datos del Centre Balears Europa (CBE).
Este organismo recoge en su balance de la actual legislatura actuaciones que hacen referencia, además del transporte, al medio ambiente, cambio climático, turismo, derechos de los consumidores, salud, mercado de servicios, trabajo y asuntos sociales, seguridad, inmigración, servicios financieros y financiación, adoptadas durante un mandato que finalizará una vez se celebren el 7 de junio las próximas elecciones al Parlamento Europeo.
En el ámbito del transporte, cabe recordar que la Eurocámara ha impulsado una nueva legislación que introduce normas comunes en la UE sobre los controles de acceso a aeropuertos, el equipaje de mano y las inspecciones de pasajeros y personal, al tiempo que ha puesto en marcha una nueva directiva que aplica en los aeropuertos, entre ellos el de Palma, un sistema de regulación de las tasas aeroportuarias en toda la UE, de forma que sólo se cargue al pasajero el coste real, con el objetivo de promover la transparencia y la competencia.
Asimismo, aprobó el tercer paquete marítimo con nuevas normas para las inspecciones de barcos a fin de luchar contra la contaminación marítima, prevenir accidentes y conservar el medio marino.
más rápida y coordinada en caso de accidente y clarificando el derecho a indemnización de los pasajeros. Mientras tanto, se encuentran en tramitación las propuestas del Cielo Único Europeo, destinadas a mejorar la gestión del espacio aéreo.

En relación con las medidas medioambientales que también afectan al archipiélago balear, desde el Parlamento Europeo se han establecido criterios más estrictos de la calidad del agua en las playas; se prevén aplicar sanciones penales para castigar daños como la destrucción de la flora, la fauna o las zonas protegidas, y se determina un mayor control en el uso de 33 sustancias peligrosas para evitar su presencia en zonas costeras.