Residencias bajo la lupa

El caso de Crist Rei en Inca genera un interrogante: ¿cómo y quién vigila la asistencia a los más mayores?

MAR FERRAGUT. PALMA. Historias que ponen los pelos de punta. Son casos aislados, pero con uno que se destape ya basta para quedarse con mal cuerpo. Ésa es la sensación que provocan sucesos como la detención el pasado miércoles de la directora y la jefa de enfermería de la residencia para mayores Crist Rei de Inca por supuestos malos tratos a los usuarios.
En un año la Guardia Civil ha recopilado hasta 20 denuncias por malos tratos supuestamente ocurridos en esta residencia. Un año es mucho tiempo y 20 son muchas denuncias. Con estos datos, la sociedad mallorquina no puede evitar preguntarse: ¿Cómo ha podido pasar algo así? Al otro lado del teléfono, Jesús Mullor, director técnico de Servicios Sociales del Consell de Mallorca, no tiene respuesta a este pregunta.
Desde hace cinco años, el Consell es el encargado de inspeccionar y autorizar a todos los centros (públicos y privados) que prestan servicios sociales. En el caso del Crist Rei eluden responsabilidades porque, según puntualizaban el pasado viernes en su página web, la institución insular "no tenía capacidad para actuar" porque se trataban de cuestiones sanitarias y penales. Según el Consell su campo de acción son puntos concretos: infraestructuras, higiene, requisitos mínimos de personal... Cuando se le pregunta sobre la supervisión del centro a la conselleria de Asuntos Sociales, ésta remite al Consell. El ayuntamiento de Inca tiene culpas para todos: a Fina Santiago, porque tenía constancia de lo que pasaba; al Consell, porque tiene las competencias en Inspección. Jaume Garau, conseller de Benestar Social, abogaba porque a partir de ahora se establezca una comisión de coordinación entre las instituciones, una coordinación que en Inca ha brillado por su ausencia.
No es ningún secreto que Crist Rei dio problemas desde que abrió. En estos dos años el Consell ha recibido varias denuncias y ha realizado hasta nueve inspecciones; la última, el viernes, a raíz de tres denuncias recibidas el día de las detenciones. De los otro ocho controles que el Institut Mallorquí d´Afers Socials (IMAS) realizó en los últimos años, ninguno acabó en sanción. Todos concluyeron que "sí cumplían los mínimos" de la ley 4/99 sobre Función Inspectora en Servicios Sociales. El centro "solventó con rapidez" los puntos negativos hallados.
Siete personas trabajan en el departamento de Autorización e Inspección. Siete efectivos encargados no sólo del total de 8.073 plazas residenciales existentes en Mallorca, sino del resto de servicios sociales (centros de menores, discapacitados...). Ante el "boom" de construcción de centros asistenciales que implica la Ley de Dependencia, Mullor indica que se están planteando aumentar la plantilla. Asegura que en cuanto se recibe una denuncia "saltan las alarmas" y se hace una inspección de forma inmediata. También hacen revisiones por sorpresa y todos los centros son inspeccionados, como mínimo, una vez al año.
Mullor busca tranquilizar a la población sobre el servicio de atención a los mayores asegurando que "la mayoría de las residencias tienen el personal adecuado y el servicio es bueno". A pesar de todo, el director reconoce que "hay gente sin escrúpulos", como aquel hombre que, según descubrieron el pasado febrero, tenía una residencia clandestina en un piso, donde atendía a una decena de ancianos sin ningún permiso ni control. Este caso salió a luz por un impago del alquiler.
Haciendo balance de las actuaciones llevadas a cabo por el IMAS el pasado año, se ve que la tendencia es que se abren muchos expedientes y se recibe una cantidad considerable de denuncias (una treintena en 2008), pero que un porcentaje mínimo acaba en sanción. El departamento de autorizaciones e inspecciones visitó durante el pasado año 172 centros de servicios sociales; de los cuales un centenar eran residencias para mayores. En centros públicos, se realizaron 43 visitas de control; 62 en los privados y 67 en concertados.
Esas inspecciones y denuncias derivaron en 53 expedientes, cifra que finalmente se redujo a seis sanciones: dos en centros públicos y cuatro en privados. Los fallos más frecuentes tienen que ver con los trabajadores: falta de personal en general y de sanitarios en particular, así como falta de la titulación requerida (tres fracciones que la ley 4/99 califica como graves). Además se detectaron menús inadecuados y temperaturas no recomendables.
¿Son minuciosas las inspecciones? "Puedes estar segura de que sí: te toca cuando menos te lo esperas, llegan a las nueve de la mañana y no se van hasta las tres y lo miran todo; van habitación por habitación", así describe el proceso Tita Pomar, presidenta de la Asociación de Residencias Privadas de Mallorca. Sobre la normativa tampoco deja lugar a dudas: "Es muy estricta".
En el otro extremo se pronuncia Miquel Obrador, presidente de la Asociación de Personas Mayores de El Molinar, quien cree que las inspecciones "no se hacen como Dios manda" y que las autoridades "sólo salen cuando hay percance".
El responsable del Servicio Técnico confirma que normalmente los expedientes quedan en una advertencia o como mucho en una multa no muy cuantiosa (el mínimo son 300 euros; el máximo, 120.000). El cierre sólo llega en casos extremos, como puede ser la Llar de Pere Garau, que será clausurado el próximo jueves tras más de una década funcionando sin autorización.
Esta infraestructura arrancó como centro de día y comenzó a abrir dormitorios hasta transformarse en residencia ilegal. Aunque los familiares no quieren, se cerrará porque "no cumple los requisitos mínimos de higiene y personal", como recuerda Mullor. De los 47 usuarios que tiene la Llar, el Consell ha reubicado a 37 en otros centros.
Si buceamos en la hemeroteca no encontramos casos tan alarmantes como el de Inca. En marzo del año pasado residentes de La Bonanova protestaron por deficiencias en la higiene y en la hostelería, aunque la Administración insular aseguró no tener constancia de estas protestas. Tan sólo un mes más tarde salió a la palestra el caso de Son Güells, Oms y Sant Miquel.
"Al dejarlo allí, me iba con el corazón encogido", decía la esposa de uno de los usuarios de Oms, criticando falta de personal, mala alimentación y carencias de material básico como pañales y parches. Varios trabajadores confirmaron estas deficiencias y Asuntos Sociales (de igual forma que hizo en Inca durante un tiempo) bloqueó el proceso de ingreso, para después rescindir el contrato a Clece y Leriba, UTE a la que el PP concedió la gestión cuando gobernaba. La de Crist Rei se la dieron a Aser, empresa que ya tuvo problemas cuando se encargaba del centro para enfermos de Alzheimer de Can Blai, en Eivissa. Ante las quejas de los familiares en abril de 2008 pasó a ser de gestión pública.
El equipo de Santiago nunca ha ocultado su "incomodidad" con el modelo de gestión privada que eligió el PP, partido al que agradecen la construcción de infraestructuras pero al que critican los cabos sueltos que dejaron.
Ya sean públicas o privadas, esperemos que la sociedad mallorquina nunca más tenga que volver a plantearse: "¿Cómo ha podido pasar algo así?".