Preparando el terreno para una sociedad muy vieja

La Administración autonómica trabaja casi a contrarreloj para habilitar los recursos necesarios para la Ley de Dependencia

M.F.R. PALMA. A nadie se le escapa que la sociedad del futuro será una sociedad de viejos. En ocho años un 16% de la población balear tendrá 65 años o más. En este marco, no es de extrañar que tanto Gobierno central como autonómico se esfuercen en conseguir recursos para aplicar la ley de Dependencia.
Mallorca tiene un total de 3.803 plazas residenciales, cifra que incluye privadas, concertadas y públicas, y que engloba las residencias de mayores gestionadas por el Consell y las de atención a la dependencia que controla el Govern. En enero de 2010, la institución insular pasará a asumir las competencias en la gestión de todos los centros residenciales.
De momento, la mitad de las oferta residencial en la isla sigue siendo privada. En estos centros, los precios oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales. En un geriátrico público, los residentes han de destinar un 75% de su pensión a este servicio (unos 564 euros de media).
La progresiva apertura de los centros para atender a los dependientes en los últimos años ha contribuido a disminuir las listas de espera para conseguir un hueco en las instalaciones del Consell, que representan 1.131 plazas. En septiembre de hace dos años, había 2.200 personas en esas listas. Hoy ya han bajado a 1.792 solicitudes y el IMAS confía en que sigan descendiendo.
A lo largo de este año se espera que abra el centro de Son Llebre y el de Santanyí. Asuntos Sociales achaca el retraso que lleva este último a Aser (la empresa que gestiona Crist Rei en Inca) y ha abierto un expediente informativo por incumplir el contrato en las obras de construcción de las residencias de Sant Joan y de Port de Pollença , que están paralizadas. Puigpunyent funciona de momento como centro diurno y se estudia convertirlo en punto de prevención de la dependencia.