La conselleria de Asuntos Sociales está estudiando suprimir la Tarjeta Básica, que permite a unas 8.000 personas de Balears adquirir productos alimentarios y medicamentos, por un desembolso económico de igual valor, atendiendo a la petición de los sindicatos, que consideran que con el segundo sistema se favorece el consumo en una época de crisis económica. La titular de este departamento, Fina Santiago, ha apuntado la posibilidad de realizar una encuesta entre los beneficiarios para que éstos decidan qué modalidad prefieren, para comenzar a aplicarla durante el próximo año.

La Tarjeta Básica está destinada a aquellos isleños que cobran pensiones no contributivas, ya sean mayores de 65 años o porque sufren alguna minusvalía, y permite realizar compras de productos de primera necesidad por un valor de 300 euros anuales. La alternativa defendida por los sindicatos es que esta ayuda sea sustituida por un ingreso en efectivo de esos mismos 300 euros. Teniendo en cuenta que las pensiones no contributivas suelen moverse en torno a los 320 euros mensuales, este sistema equivaldría a una nueva paga extraordinaria.

El secretario de Empleo de CCOO-Balears, Rafael Borrás, defiende la fórmula del pago en efectivo de los 300 euros alegando que de esta forma el beneficiario ve ampliado el campo al que poder destinar esta cantidad, en lugar de limitarlo como actualmente a los establecimientos de alimentación y farmacias, y destacó que con el cambio el sistema sería mas adecuado para extender sus efectos positivos en una situación de crisis.

La consellera Santiago recordó que la intención inicial del primer Govern del Pacto de Progreso era crear una paga extra para ayudar a los perceptores de pensiones no contributivas -una iniciativa también acordada en Andalucía y Cataluña-, pero que el Gobierno central entonces presidido por José María Aznar recurrió ante el Tribunal Constitucional por considerar que invadía competencias estatales en relación a la unidad de las pensiones que se perciben en España.

Ante esta oposición frontal del Ejecutivo del PP, el Goven optó por la alternativa de una tarjeta para adquirir productos de primera necesidad, que se ha mantenido hasta ahora pese a que el Constitucional finalmente dio la razón a las comunidades autónomas.

Fina Santiago reconoció que la Tarjeta Básica ha tenido un funcionamiento excelente durante todos estos años, de ahí la opción de consultar a sus usuarios qué opción prefieren, dado que su mantenimiento sería incompatible con el pago de 300 euros en efectivo.