La moratoria comercial frena una inversión de 200 millones de euros

F. GUIJARRO. PALMA. La moratoria comercial que se mantiene en vigor en las islas está frenando unas inversiones cifradas en "al menos 150 ó 200 millones de euros", según ha señalado el director general del ramo, Pere Trias, el cual ha reconocido que está restricción ya no tiene ningún sentido, dado que está afectando no sólo a los proyectos para grandes superficies, sino también a los de tipo medio -como supermercados- propiedad de grandes cadenas. Por ello, ha anunciado que de forma inmediata se va tramitar la nueva ley que debe regular este sector en las islas, con el objetivo de que quede aprobada en octubre de este año a más tardar y se pueda levantar definitivamente la citada medida cautelar.
Un aspecto a tener en cuenta es que la normativa que se quiere sacar adelante mantendrá limitaciones para la apertura en Balears de grandes almacenes e hipermercados, aunque éstas se centrarán en factores urbanísticos, pero no ya en los económicos debido a las exigencias de Bruselas.
Desde la conselleria de Comercio se ha apuntado que en estos momentos hay paralizados una treintena de proyectos para abrir establecimientos de mediano tamaño pertenecientes a grandes marcas y cadenas de supermercados, que se ven afectados por la moratoria al estar considerados también como grandes comercios debido a criterios económicos. El desarrollo de dichos proyectos conllevaría las inversiones antes estimadas y permitiría crear aproximadamente medio millar de empleos, según las estimaciones de la Conselleria, y todo ello en un marco de crisis económica.
Pere Trias indicó que el borrador de la citada ley de comercio lleva "sobre la mesa" desde el pasado mes de octubre, paralizado inicialmente a causa de discrepancias en el seno del Pacto respecto a su contenido, y ahora por desacuerdos con el ministerio de Industria.
En concreto, en el proyecto de la nueva ley balear se contempla que los proyectos para comercios de más de 700 metros cuadrados en Mallorca necesitarán de una licencia que deberá otorgar el Govern para controlar así la posible apertura de grandes superficies. Sin embargo, UM planteaba inicialmente la necesidad de colocar ese límite en los 2.500 metros previstos en la normativa estatal.
Trias aseguró que finalmente se han conseguido superar las reticencias de los socios nacionalistas, pero que ahora es el ministerio dirigido por Miguel Sebastián el que considera que Balears está invadiendo sus competencias al fijar unos baremos diferentea a los suyos.
Aunque los contactos entre ambas Administraciones están avanzando "de forma positiva", el director general considera que la ley balear no puede seguir esperando, y a anunciado que, con o sin acuerdo con Madrid, se va a iniciar su tramitación con carácter inmediato, con el fin de que pueda quedar definitivamente aprobada tras el próximo verano.