´Me molesta que se ligue a los jueces con intereses de partido´

MATEU FERRER. PALMA. Fiel a su fama de hombre pulcro, educado y extremadamente cauteloso, no iba a ser menos prudente en sus respuestas en esta entrevista, cargadas a su vez del tecnicismo barroco propio de los jueces. Declina pronunciarse sobre sentencias polémicas con la excusa de no entrar a valorar casos judiciales concretos, y esquiva con diplomacia las cuestiones comprometidas, o sea, con tintes políticos. Sólo entre líneas desliza Antoni Terrasa cómo ve las cuestiones espinosas de la Justicia en Balears.

-Los abogados del diputado Bartomeu Vicens -ex de UM- le han aconsejado que no dimita para mantener su condición de aforado. ¿No contribuye esto a la imagen de una Justicia que otorga privilegios?
-Comprenderá que no me pronuncie sobre casos concretos. Dicho esto, los aforados no tienen privilegios, sino prerrogativas. ¿Por qué? porque el sistema no está pensado en personas, sino en las funciones que éstas desarrollan, sujetas a un régimen específico. Se pretende así evitar que por querer alterar esa función, se ataque a la persona inconsistentemente. También los jueces son aforados, para evitar que un mecanismo útil para apartar a un juez de un determinado proceso sea interponerle una querella. A la hora de juzgar, aplicamos los mismos criterios que un tribunal ordinario, sólo que la nuestra es una Sala con más cantidad de jueces, y se supone que con mayor experiencia.

-¿De verdad uno se siente igual juzgando a un ciudadano anónimo que teniendo delante, en el banquillo, a Maria Antònia Munar o a Miquel Nadal?
-Ningún juez en ningún caso juzga a la persona, no se proyecta sobre quién tiene delante, sino que juzga unos hechos concretos, mira si éstos se han producido o no, y a partir de ahí valora si encajan dentro de una figura sancionadora. Todos los jueces tienen que hacer un ejercicio de abstracción, pero la propia mecánica del proceso lo favorece.

-¿A usted eso no le cuesta?
-No. Es un ingrediente de mi trabajo. Cuando uno forma parte de un tribunal, está expuesto a esta situación, es natural que este ejercicio sea una circunstancia más. En nuestro caso es muy frecuente [tener que juzgar a cargos públicos], y digamos que [los que estamos en el TSJB] estamos más entrenados, son puestos a los que para acceder se exigen una serie de años de experiencia previa.

-A lo largo de su historia, la Sala de lo Civil y de lo Penal que ahora usted preside ha visto una decena casos contra aforados, pero sólo ha dictado dos condenas y ´media´ ¿No es un número escaso?
-No puedo entrar a valorar si son muchas o pocas, se tiene que mirar la solución a cada caso concreto. Es como si dijéramos ´a todos los que están acusados, hay que condenarles´, o que todo lo que no sea una cosa u otra sea una anomalía del sistema. No.

-Ya, pero que se pruebe un soborno como el del caso Túnel de Sóller, de 300.000 euros, y la sentencia sea absolutoria, pues?
-No hacemos la ley nosotros, y si el legislador nos dice que aquello tiene que prescribir, no tenemos más remedio que fallar así. Trabajamos con las herramientas legislativas que se nos dan. Además, en el amalgama de casos que usted me enumera, la composición del tribunal ha sido muy variada; los magistrados del Túnel de Sóller no eran los mismos que juzgaron otros de estos diez casos, o causas más recientes, con lo que repito que valorar las condenas estadísticamente no tiene sentido. Cada caso es único.

-Sin embargo, existe la percepción de que las sentencias que ustedes dictan son menos duras que en general las de los tribunales ordinarios.
-Tampoco se puede hacer esa comparación. ¿El reciente caso de ´la Paca´ es comparable con cualquier otro? No, cada uno, insisto, tiene sus particularidades. Se puede hablar de mayor o menor dureza del fallo en un asunto en concreto, pero no comparando.

-En el llamado ´caso Caballistas´, que usted mismo juzgó ¿no queda la sensación en la calle de que cualquier alcalde puede firmar un certificado falso o semifalso sin que le ocurra nada?
-No quisiera responderle en relación con asuntos judiciales concretos [Silencio]. Entraríamos en una espiral que? La sensación de la calle? verá, si ahora empezáramos a mezclar cosas, no acabaríamos nunca.

-La elección inesperada de la letrada Felisa Vidal, la candidata del PP, como nueva magistrada del TSJB ha ocasionado un gran revuelo político ¿Considera que el actual sistema de elección de dos de los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal perjudica su necesaria imagen de imparcialidad? ¿Les presiona a ustedes, como jueces de carrera?
-La intervención de un órgano político como es el Parlamento autonómico al proponer una serie de personas, de las que después el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elige a una, no favorece la sensación de falta de correlación entre política y Justicia. En todo caso, ello no tiene que ver con la existencia de presiones. Está claro que los magistrados estamos sometidos a un entorno de debate público del que no podemos sustraernos, pero no creo que eso sea automáticamente identificable con presiones. El juez llega a acostumbrarse a trabajar con situaciones de conflicto.

-¿Podrá la señora Vidal instruir o juzgar causas penales que afecten al PP, como las que se avecinan en breve?
-Si le toca un turno de instrucción, o de componer tribunal, sí, claro. En el reparto, las normas no distinguen entre jueces de carrera y los de propuesta de ingreso parlamentaria.

-Pero hasta ahora, en que siempre se había respetado la coexistencia de un magistrado progresista y otro conservador en esas dos plazas -el caso de los jueces Massot y Monserrat- ¿no se habilitaba un turno especial para que éstos sólo instruyeran, y fueran los magistrados profesionales los que juzgaran a los aforados?
-Eso no es así, cuando les tocaba instruir lo hacían, y si les tocaba juzgar, también. Lo único establecido es que el que instruye luego no juzga, y eso se mantendrá.

-¿Le parece bien que se haya roto ese equilibrio por vez primera en Balears?
-Me remito a lo que le he dicho antes sobre el sistema de elección de estos magistrados.

-El senador Pere Sampol someterá a votación una propuesta para evitar que los magistrados elegidos a propuesta de aforados luego instruyan sus causas penales. ¿La comparte?
-No la conozco en profundidad como para dar una opinión sensata.
-¿Le preocupa que se marque tanto a todos los magistrados de su Sala como progresistas o conservadores?
-No me preocuparía que se marcaran si no fuera porque habitualmente se les asigna una vitola partidista, y eso sí me molesta, es claramente perjudicial porque a la larga deslegitima la función de los jueces en general. Magistrados progresistas y conservadores es inevitable que los haya, no es ajeno a ningún sistema judicial moderno, lo cual no quiere decir que estén ligados a un partido, ni sus actuaciones a intereses partidistas. Es más, a veces puede ocurrir que un juez dicte una sentencia acorde con su ideología, y sin embargo contraria a la del partido político del que teóricamente es afín.
-¿La Fiscalía Anticorrupción no ha cambiado la sensación de que la Justicia no actuaba hasta ahora en Balears?
-Lo que ha cambiado es la iniciativa de llevar ante la Justicia asuntos de esta naturaleza, no es que la Justicia antes no actuara.

-¿Qué valoración hace de su labor?
-No soy el más indicado, pero me parece que es una tarea compleja, dificultosa y desagradable, pero necesaria, a pesar de que esos fiscales no cuentan con los medios ni recursos suficientes.

-¿Qué déficit de jueces e infraestructuras padecemos en las islas?
-Hay una plantilla de 122 jueces, y necesitaríamos 20 más para que la carga de trabajo sobre cada juez no excediera del límite máximo. Otro grave problema es que no tenemos ni un solo partido judicial con un edificio donde quepan todas las dependencias; todas están desperdigadas, cuando lo ideal sería aglutinar recursos.

-El president Antich ha conseguido arrancar 54 millones de euros al Ministerio de Justicia para transferir las competencias ¿Es una cifra acorde para ustedes?
-No puedo cuantificarlo porque no manejamos las informaciones relativas a partidas de gastos, la gerencia se lleva desde Madrid. Como jueces no tomamos parte en las negociaciones, que son estrictamente políticas. Lo que sí puedo decirle es que soy optimista con la parte que corresponde a la voluntad del Govern de luchar por unas competencias bien transferidas. Soy consciente de lo complicadísimo de este proceso.

-En mayo expira su mandato ¿Se presentará a la reelección¿ ¿Se siente apoyado?
-No lo descarto, pero es algo que no se podrá decidir hasta que no se abra el proceso. En cuanto a lo segundo, no sería capaz de hablar por boca de otros.