F. GUIJARRO. PALMA.
El borrador de la nueva ley de comercio incluye algunas modificaciones sustanciales respecto a la normativa todavía en vigor que pretenden conciliar la directiva Bolkestein, que busca una mayor liberalización en el sector, con la pretensión de dificultar la implantación en las islas de nuevas grandes superficies.
Así, hasta ahora no podía abrirse en Palma ningún establecimiento con más de 1.300 metros cuadrados, superficie máxima que se iba reduciendo dependiendo del tamaño del municipio. Con la futura normativa, se pretenden fijar exigencias especiales para todos aquellos comercios de más de 700 metros cuadrados en Mallorca, 400 en Menorca y Eivissa y 200 en Formentera. Según el director general de Comercio, Pere Trias, no se va a consentir la construcción de ningún gran establecimiento en terrenos que no sean suelo urbano consolidado -"se van a acabar las recalificaciones", afirma-, pero admite que en estos últimos va a ser difícil evitar que pueda abrirse algún gran almacén, ya sea en Palma, Inca, Manacor o en cualquier otra población de Balears.
Sin embargo, esta última afirmación no supone abrir de par en par las puertas a las grandes empresas, según se pone de relieve desde el sector, dado que se quieren aplicar nuevas exigencias en materia de plazas de estacionamiento. En concreto, se va a necesitar una plaza de aparcamiento por cada 35 metros cuadrados de superficie de venta. Si se tiene en cuenta que estos establecimientos suelen tener al menos unos 10.000 metros cuadrados, será necesario contar con un espacio suficiente para estacionar un mínimo de 286 vehículos. En el caso de un centro de 30.000 metros cuadrados -en Palma lo hay-, las plazas exigidas se elevarían a 858.
Pero esa no va a ser la única demanda ante cualquier futuro proyecto. Por ejemplo, en los nuevos urbanizables se limitara el suelo comercial minorista a un máximo del 10% de la superficie residencial o turística, y se prohibirá en los nuevos suelos industriales. También se está planteando para los comercios de más de 2.500 metros cuadrados la exigencia de contar con una zona de carga y descarga en el interior de sus instalaciones y no en la vía pública, o que los nuevos edificios de grandes superficies tengan de un certificado de eficiencia energética de nivel B (el segundo más alto).
Según fuentes del sector, todas estas condiciones multiplican la inversión necesaria para poner en marcha un proyecto de esas características y dificultan su futuro desarrollo.