El Govern exime por 3 años de acreditar el catalán a profesionales de la sanidad

EFE. PALMA. La Dirección General del Servicio de Salud de Balears ha aprobado hoy una resolución con vigencia de tres años que exime de forma excepcional a los profesionales de la salud pública que opten a una plaza o a un traslado de acreditar de forma previa sus conocimientos de la lengua catalana.

El conseller de Salud y Consumo, Vicenç Thomàs, acompañado del director general del Servicio de Salud, Josep Pomar, ha anunciado la aprobación de esta resolución, que coincide en el día con la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del polémico decreto que regula el conocimiento del catalán en la sanidad pública.

Esta excepción, motivada por la falta de profesionales en las islas, afectará al personal fijo, interino y eventual tanto del régimen estatutario como del régimen laboral y tendrá una vigencia de tres años prorrogables.

El conseller de Salud y Consumo ha explicado que esta resolución de carácter excepcional debía aprobarse después del decreto, que es el marco regulador, y ha afirmado que "con ella no queda duda de cuáles son las intenciones de este Govern, que habían sido cuestionadas".

El decreto establece que los profesionales del ámbito sanitario deben acreditar un nivel B oral y escrito de la lengua catalana y establece un plazo de dos años para que lo hagan.

El conseller ha recordado que el decreto era necesario porque es "la primera vez en ocho años que se va a convocar una oferta pública de empleo para 4.000 profesionales de la sanidad".

Thomàs ha remarcado que en esta oferta pública de empleo "lo primero serán los méritos profesionales" y ha dicho que el decreto no excluye a nadie porque "a las oposiciones se pueden presentar gente de cualquier comunidad".

Ha apuntado además que los profesionales que tienen ya su plaza no deberán acreditar el conocimiento de la lengua catalana, ya que la medida sólo afecta a las nuevas plazas o a los traslados, y ha querido dejar claro también que a causa de esta medida "nadie perderá su puesto de trabajo".

El máximo responsable de la sanidad en las islas ha señalado que estamos en una comunidad autónoma con dos lenguas oficiales y se debía buscar "un punto intermedio entre el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su lengua y las necesidades del ámbito sanitario".