Los investigadores del caso peaje, la presunta trama de corrupción político-funcionarial-empresarial en torno a las obras de desdoblamiento de la antigua carretera de Palma a Manacor, también sospechan que alguien pudo alertar a los imputados antes del inicio de la operación policial del lunes 16 de marzo. El conseller de Turismo del actual Govern, y presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, comunicó la semana pasada a dirigentes de su partido que él supo con antelación de la operación peaje y alertó al vicepresidente del Consell de Mallorca, y responsable insular de carreteras, Antoni Pascual Ribot. Este dirigente de UM también figura como querellado en la querella de la fiscalía anticorrupción.

Ayer el portavoz del Bloc en el Parlament, Gabriel Barceló, censuró la posible filtración de la operación peaje hacia el conseller de Turismo, pero también destacó la gravedad del supuesto chivatazo de Nadal hacia su correligionario Pascual, querellado en el sumario.

Barceló hizo también un paralelismo entre estos supuestos avisos y la llamada telefónica del entonces conseller de Interior del Govern del Partido Popular José María Rodríguez al alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, alertándole de la operación Voramar, en noviembre del 2006.

Volviendo al caso Peaje, los investigadores del juzgado de instrucción 5 de Palma, la fiscalía anticorrupción y el grupo de Delincuencia Económica de la Policía, presumen que algunos de los más de 20 imputados en el sumario sabían de la inminencia del despliegue policial. En el registro de la sede central de la empresa de Manacor Electro Hidráulica, integrada en la UTE Desdoblamiento C-715, aparecieron encima de una mesa de despacho unos borradores de facturas comprometedores para el imputado Gonzalo Aguiar, director insular de carreteras. Resulta muy extraño que esos documentos estuvieran tan a mano. Por otro lado, el PP pidió ayer al Govern que audite las cuentas del Consell de Mallorca y, especialmente, las de las carreteras de dicha isla.