Investigan si la retirada de escombros del desdoblamiento se pagó en ´negro´

Facturas falsas pudieron servir para incumplir la normativa en materia medio-ambiental

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. Una de las líneas de la investigación de la operación peaje, desatada anteayer y dirigida contra una supuesta trama de corrupción político-funcionarial-empresarial relacionada con el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, versa sobre la forma en que se dio salida a los escombros y tierras de las obras de desdoblamiento de la antigua C-715, la carretera de Palma a Manacor.
La delegación en Palma de la fiscalía anticorrupción y el grupo policial de Delincuencia Económica sospechan que la unión temporal de empresas adjudicataria de la ampliación y reforma de la antigua y peligrosa carretera de Palma a Manacor incumplió la normativa vigente en materia de reciclaje y depósito de materiales de obras.
La hipótesis de los investigadores postula que, en lugar de usar un vertedero homologado de escombros y otros residuos de obras, cuya separación y reciclaje es preceptiva por imperativo legal, la UTE Desdoblamiento C-715 pudo optar por emplear una finca colindante a la nueva "autovía" para arrojar estos materiales.
Los responsables de las obras habrían realizado un contrato con el dueño de la finca, que accedió, a cambio de dinero, a ceder sus tierras para almacenar los escombros y otros residuos.
La investigación presume que, como esta subcontratación incumplía la normativa y era "ilegal", se habría optado por pagar en dinero negro al propietario de las tierras.
Para generar dicha cantidad de dinero opaco al fisco, responsables de la UTE habrían instado a otros empresarios y proveedores a emitir facturas falsas o a hinchar presupuestos reales para poder generar el dinero negro con el que poder deshacerse de los molestos residuos. Fiscales y Policías están tratando de esclarecer qué empresarios y qué responsables de la UTE se habrían prestado a estas presuntas irregularidades.
También se quiere aclarar si otros de los imputados, a escala de los políticos o de los altos funcionarios responsables del proyecto, toleraron o auspiciaron las anomalías.
El juzgado de instrucción 5 de Palma investiga, desde el pasado viernes y bajo secreto de sumario, el caso Peaje, tras recibir una querella de la delegación en Palma de la fiscalía anticorrupción.
En la querella de anticorrupción figuran numerosos empresarios y proveedores de la que fue la principal carretera impulsada por el anterior Consell de Mallorca, que estaba gobernado por Unió Mallorquina con apoyo del Partido Popular.
Fiscalía también ha incluido entre los querellados a Antoni Pascual Ribot, conseller de Carreteras desde 1999 hasta la actualidad y a Gonzalo Aguiar, director insular de carreteras y número dos de dicho departamento, dependiente del Consell de Mallorca.