Gabriel Mestre, el funcionario encargado de vigilar las obras en carreteras del Consell y que previsiblemente pasará hoy por la mañana a disposición judicial, está acusado por anticorrupción de varios delitos: cohecho, prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental.
Los investigadores le interrogaron sobre quién hizo y cómo se abonaron una serie de mejoras en una finca que heredó de sus padres y que está situada en Petra, cerca del trazado de la carretera desdoblada de Palma a Manacor. Mestre, defendido por Josep de Luis e Isabel Fluxà, admitió que personal de la UTE había habilitado una explanada asfaltada delante de su finca y habían puesto un cerramiento nuevo de piedra. Mestre negó que esos trabajos fueran "sobornos" y aseguró disponer de la factura de la piedra empleada. Anticorrupción sospecha que la UTE también le hizo un pozo.
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