Los médicos de familia B. B. y J. F. coinciden a diario en el Centro de Salud de Artà. Con una particularidad. El primero acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Palma a tres años y tres meses de prisión -"se va para dentro", afirman asombrados los letrados con experiencia en casos de negligencia-, además de nueve años de inhabilitación absoluta, a resultas de una denuncia del segundo. Este afirma que "en el trabajo diario cumplimos los objetivos, los pacientes no lo perciben". Sin embargo, la onda expansiva de la sentencia se ha propagado ya a la clase médica balear. El fallo modificará la relación de la profesión sanitaria con su ordenador, puesto que se debe al acceso a los datos informáticos de la víctima, en violación de la Ley de Protección de Datos. Importantes administrativistas estatales ya se han hecho con una copia de la resolución judicial. Según afirma Juan José Talens, abogado especializado en estas cuestiones, "es una sentencia pionera en toda España, porque da el paso de las sanciones administrativas a las penales. Los catedráticos de Derecho están muy interesados, y la sorpresa generada demuestra el contraste entre conciencia social y tipo penal".

B.B. y J.F. eran "amigos" según el primero de ellos, hoy condenado. "Aporté como prueba en el juicio una foto en mi casa, en la primera comunión de una de mis hijas", argumenta. Para el segundo y denunciante, "teníamos una relación laboral normal, yo no hablaría de amistad". B.B., en su día militante del PSM y concejal, desempeña desde hace 26 años sus funciones en Artà, trece de ellos como coordinador del Centro de Salud. Ocupaba ese cargo cuando J. F. obtuvo una plaza. "Lo recibí como a un amigo y contento de que viniera", recuerda el acusado. "Intentó que me fuera durante mucho tiempo y me acosó, hasta que metió la pata", insiste el segundo. El médico condenado rememora que "agobiado por los problemas que causaba J. F. en el centro, en una situación de confusión y sin que la gerencia del Ibsalut me aportara una salida, se me ocurrió mirar en el programa de consulta clínica quién era su médico de cabecera". Lo hizo por dos veces. Tanto durante el juicio como el pasado jueves en conversación con este diario, insistió en que sabía por su relación que su "amigo" había padecido problemas psicológicos. J. F. entró posteriormente en su propia historia informatizada, y "casualmente detecté que alguien había accedido a mi historial, es irrefutable". Sobre las razones de la consulta, el denunciante contradice la versión de su entonces superior. " El dice que tenía derecho, y que era por mis problemas. Mi visión es diferente. Hice una reclamación administrativa en la gerencia, pero intentaron que no trascendiera porque se dieron cuenta de la repercusión que tendría. Si yo daba marcha atrás, abría las puertas a que esto ocurriera con otra persona". Al acusado B. B. le corresponde la última palabra. "Me arrojé de cabeza al ordenador y nunca lo he negado, porque no tenía conciencia de hacer algo malo. El médico de cabecera no es un dato protegido, figura en la tarjeta sanitaria de todos los ciudadanos".

B. B. recurrirá la sentencia ante el Supremo a través de su abogado, Juan Luis Matas. Curiosamente, y aunque el contenido ha causado estupefacción, nadie discute al juzgador. El redactor del texto es Carlos Izquierdo, magistrado de pedigrí incontestable y en quien el "reconocido prestigio" no es un formulismo vacuo. Además, el propio tribunal se considera desbordado por la "rigidez legal" de la pena a imponer. Desde el mismo fallo eleva una petición de indulto de la mayor parte de la condena, "por entender que existe una evidente desproporción entre la pena impuesta y la gravedad de los hechos" . En palabras de un médico, "me gustaría saber qué crímenes debería cometer en el ejercicio de mi profesión, para recibir un castigo de esa magnitud". Javier Clastre tiene la respuesta. Este abogado ha defendido a más de siete mil profesionales sanitarios en toda España, y conoce "un solo asunto de un médico que haya ingresado en prisión por un caso de negligencia, y en su caso se daba la reincidencia múltiple y una enferma en coma". Nadal Vidal también tiene la respuesta. Es el letrado del denunciante, y limita su balance de la sentencia a un escueto "es la ley, hay un principio de legalidad que se ha de cumplir". J. F. se muestra más explícito. "Antes de iniciar el proceso, mi abogado me avisó de que si alguien te arranca un brazo, le caerán seis meses, y que esto era mucho más grave". Clastre matiza que, al margen de las comparaciones, "hay una intromisión ilegítima en los datos personales. Otra cosa es que la posibilidad de acceso mediante el ordenador facilite el abuso, y que me parezca encomiable que el tribunal solicite el indulto".

El factor humano combate con el informático. B. B. se refugia en un excelente sentido del humor. Su mensaje en el móvil reza "soy el médico condenado". Se muestra enigmático al manifestar que "he cometido el delito del confesor". Sabía lo que no debía saber, "y no he hecho ningún uso de ese dato". Curiosamente, es el denunciante y víctima y vencedor quien se muestra abrumado por el desenlace. "No calculaba una sentencia de este calibre, me parece durísima. Espero que B. B. no ingrese en prisión ni lo inhabiliten, me duele mucho. Ese no fue nunca mi interés, se han desbordado las cosas. Yo sólo quería actuar por la vía administrativa. Mi intención no era penal, pero me dijeron que, de no hacerlo así, perdía todas las opciones". Estas palabras no reblandecen al condenado. "Ahora va diciendo que fue el Ibsalut quien puso la denuncia en manos de la fiscalía. No es cierto, pero sabe que en Artà hay movilizaciones en mi favor". En la sentencia consta que la acusación particular pide cuatro años de prisión para B. B., por encima de lo finalmente acordado, aunque la inhabilitación solicitada fuera inferior a la concedida.

Procede un salto atrás, para zafarse del cuerpo a cuerpo entre denunciante y condenado. ¿Cumplen genéricamente los médicos con las exigencias radicales de la Ley de Protección de Datos? Las respuestas oscilan entre "escasísimamente" -si se pregunta a los profesionales en las trincheras- y "relativamente" -en las posiciones más diplomáticas de las autoridades sanitarias y los organismos colegiales-. Extracto de la conversación con una profesional de la asistencia primaria. "En un momento dado, vas y miras. Se hace con total naturalidad, la sentencia es una barbaridad y podrían condenarnos a cualquiera de nosotros. Te dicen que has de cerrar el ordenador cada vez que sales un momento, ¿cómo vas a hacer eso? No le dábamos importancia, porque siempre actuamos en beneficio del paciente". Josep Romero, médico de familia y responsable del área de seguridad de la oficina tecnológica del Ibsalut, enfoca el asunto desde una perspectiva diametralmente opuesta. "Quizás se toma la Ley de Protección de Datos un poco a la ligera y se peca de ingenuidad, pero los médicos conocen el procedimiento porque lo explicamos en los cursillos. El ordenador les avisa de que la identidad que solicitan no pertenece a su cupo de pacientes". En el caso concreto de J. F. contra B. B., "los servicios de gestión permiten ciertos accesos por cuestión de coordinación asistencial, pero el tribunal no lo entendió así en este caso".

Antoni Verd, abogado del Colegio de Médicos de Balears, admite que "el grado de cumplimiento es escasísimo, los médicos no han captado a veces la trascendencia de estas cosas, y todo estalla cuando hay una denuncia. Ahora bien, la sociedad no entendería que se entrara en prisión por una conducta que no parece grave". Talens da un paso más. "Los médicos te dicen que lo hacen porque técnicamente es posible. Si está prohibido el acceso, no deberían tener herramientas para lograrlo. ¿Por qué un médico que no me conoce de nada puede entrar en mi historia clínica?" Juan José Rodríguez Sendín, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales Médicos de España se pronuncia en sentido parecido, al defender que la entrada en la historia clínica sólo debe efectuarla "un médico debidamente autorizado e identificado con firma electrónica profesional, simultáneamente con la tarjeta sanitaria del paciente". Josep Romero se opone desde el Ibsalut porque "la consulta ha de ser suficientemente ágil. Nos movemos entre dos extremos, la protección de datos y de la salud". Los portavoces de la institución autonómica añaden que "el hecho de que un Mercedes alcance los 300 por hora, no justifica el exceso de velocidad".

El debate se prolonga hasta el infinito. Para Mario García Sanz, presidente del Sindicato Médico Libre de Balears, "la sentencia se acata y punto, pero es la primera de este tipo que veo. Parece una cosa desproporcionada, supongo que será recurrida". Joan Gual, presidente del Colegio de Médicos que debatirá el asunto el próximo martes, demuestra haber leído el fallo en profundidad. "La sentencia aplica la ley, que es dura. Hemos de crear una cultura de la protección de datos, porque no hay conciencia de la importancia de preservar el secreto. Muchos médicos no son excesivamente conscientes del significado del acceso a las historias clínicas. No se puede entrar a consultar quién es el médico de cabecera". Al margen de los colectivos, cada profesional de la atención diaria amplía los supuestos en conflicto. ¿Qué sucede con los faxes con datos de ciudadanos que se ignora por quién serán recogidos, con los empleados sin compromiso sanitario, con la coincidencia de pacientes en una sala de espera o en una habitación con cuatro camas, donde la atención privada es una entelequia?, ¿y qué médico no ha consultado jamás los datos de un familiar o un amigo íntimo?

Entre el condenado B. B. y el acusador J. F. suman más de medio siglo de ejercicio de la medicina. Su conflicto ha destapado un polvorín que afecta a millones de ciudadanos. Sin olvidar que la postura de debilidad corresponde al paciente, porque los muros se levantan cuando desea una copia de su historia clínica, de la que se deben extirpar observaciones personales o datos que afecten a terceros, del tenor de "mi hijo es drogadicto". Tampoco es pacífica la cuestión de si un contribuyente tiene derecho a saber cuántos y qué médicos han accedido a sus datos. La desprotección aumenta en casos como el protagonizado por la Generalitat catalana, que efectuó un estudio para saber si las historias se redactaban en catalán o en castellano, algo inadmisible para Romero. "Es una barbaridad, el objeto de estos documentos no es confeccionar auditorías lingüísticas". J. F. considera que su antagonista "ha tenido mejor prensa que yo", y persigue un sentido general para su querella. "Puede servir para que el personal sanitario vaya muy alerta. No puedes acceder a la historia clínica de tus hermanos ni de tus hijos". O dicho de otra manera, ¿cuántos profesionales de la sanidad recibirían una condena de cárcel, si se revisaran los accesos por parte de médicos a las historias clínicas informatizadas de todos los ciudadanos? En la intrahistoria no informatizada, B. B. y J. F. volverán a cruzarse esta semana en el Centro de Salud de Artà. El primero, con la espada de Damocles de la prisión sobre su cabeza. El segundo, insistiendo en que ésa no era la intención de su denuncia.