Ejemplar sentencia del denominado ´caso facturas´. La Audiencia de Palma condena a penas de cumplimiento de prisión a la antigua cúpula de las Guardia Civil de Balears por un escándalo que destapó DIARIO de MALLORCA. Francisco Javier García Peña, ex coronel jefe de la Comandancia de Balears, ha sido condenado a tres años de prisión por un delito de falsificación en documento oficial. La misma pena, y por el mismo delito, tendrá que cumplir el teniente coronel Luis Cuadri Duque, histórico número 2 de la comandancia. El capitán de Calvià José López García Trujillo, declarado culpable como inductor a la falsificación, ha sido condenado a seis meses de prisión. El empresario Jaime Ferragut, que falleció antes de conocer la sentencia, ha sido condenado a seis meses de prisión, aunque esta pena queda extinguida. Las condenas que impone la sentencia se acercan a las que solicitó la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que actuó como acusación popular. El fiscal había pedido penas más leves, que no conllevaban el ingreso en prisión de ninguno de los acusados.

El inicio de este escándalo se remonta al nombramiento, en agosto de 2005, de García Peña como coronel jefe de la Guardia Civil de Balears. Este destino le daba derecho a vivienda oficial en el pabellón de la comandancia. Antes de ocupar el cargo el coronel visitó su nueva casa, y se dio cuenta que le hacía falta nuevos muebles, amén de otras reparaciones. Comunicó estas necesidades a la dirección general de la Guardia Civil.

Dos días antes de su nombramiento, desde Madrid se tramitó un oficio por el que se le concedían 12.000 euros para estas reformas. El dinero se correspondía con el trámite burocrático conocido como ´212´, que se refiere a la reparación de edificios, no a la compra de muebles.

Los jueces afirman que tanto García Peña como el entonces teniente coronel Cuadri pretendían que este dinero se dedicara a la compra de muebles nuevos y le plantearon esta posibilidad al comandante auditor. Al contestarles que el dinero era para reformas y no para muebles, los dos altos mandos de la Comandancia idearon un plan para desviar la subvención. Los dos jefes decidieron tramitar un expediente de obra. Pero para poder iniciarlo, según afirma la sentencia, era necesario conocer qué documentos se necesitaban y, sobre todo, encontrar a un constructor dispuesto a colaborar en este plan. El tribunal no tiene dudas de que fue Cuadri quien propuso el nombre del constructor Ferragut. Le dijo al coronel que se trataba de un amigo del capitán García Trujillo, jefe de la demarcación de Calvià. Fue este capitán quien finalmente convenció al empresario para que le entregara un presupuesto y una factura falsos por unos trabajos que no iban a realizarse. El presupuesto fue entregado a la Comandancia. Se siguieron los pasos burocráticos y fue finalmente el coronel quien autorizó su pago. El oficio señalaba que el dinero se destinaba a la reparación del baño y la cocina del piso, especificando que el constructor tenía un plazo de dos meses para terminar la obra. En septiembre el constructor presentó la factura. El coronel llegó a firmar incluso el certificado de fin de obras y se propuso el pago de la factura, que se abonó a través del Ministerio de Hacienda. El dinero, 12.505,32 euros, fue ingresado en la cuenta de Ferragut, que una vez deducido el IVA, entregó el resto al capitán Trujillo, que después se lo hizo llegar a García Peña. El coronel reintegró el dinero en lo que se conoce como "caja pagadora", desde donde le habían adelantado fondos para el pago de muebles.

El descubrimiento de los hechos a través de DIARIO de MALLORCA conllevó el cese de la cúpula de la Guardia Civil de Balears y su sustitución por otros mandos. Sin entrar en la enemistad que públicamente han manifestado los dos coroneles, el tribunal se muestra muy duro con ambos mandos. La sentencia conlleva, no sólo el punto y final de su carrera militar, sino el ingreso efectivo en prisión de los dos coroneles, si la confirma el Tribunal Supremo.