Los técnicos temen que muchas de las propuestas vulneren la Ley del Suelo

Los criterios fijados por el Govern pueden duplicar los pisos permitidos por la norma estatal

F. GUIJARRO. PALMA. Algunos técnicos de la Comunitat Autònoma no ocultan su temor a que una gran parte de las 52 propuestas que hay sobre la mesa para la obtención de suelo en el que edificar 5.000 pisos protegidos y 5.000 libres deban descartarse al vulnerar la Ley estatal del Suelo. El problema radica en que esta última permite un máximo de 75 viviendas por hectárea, mientras que los criterios que ha fijado el Govern para la presentación de las ofertas podrían llegar a duplicar esa cifra en el caso de Palma, y sobrepasarla ampliamente en zonas como Calvià, Manacor o Marratxí.
La falta de una ley autonómica del suelo hace que en las islas todavía se aplique la estatal de 1976, que fija el límite de 75 viviendas por hectárea antes señalado. Sin embargo, con los parámetros acordados por el Govern, en Palma se podría alcanzar la cifra de 150 viviendas por hectárea si todas fueran de una sola habitación o, como parece más lógico, alrededor de las 110 si son de dos habitaciones como media. En el caso de Calvià, Manacor o Marratxí, con esas dos habitaciones de media se podría llegar a las 90. El problema es que estos criterios no fueron aprobados por el Parlament, que tiene competencias para legislar en esta materia, sino únicamente fijados por la conselleria de Vivienda.
Según fuentes de la Comunitat Autònoma, si se decide obviar esta deficiencia a la hora de adjudicar las reservas estratégicas de suelo para la edificación de viviendas protegidas, se dejará abierta la puerta a la presentación de recursos ante los Tribunales, "y la decisión final quedará en manos de los jueces y no del Govern".
Pero este no es el único problema que se apunta ante las ofertas que se han presentado. También se recuerda que hay una decena de ofertas del Grupo Drac, cuya solvencia financiera está cuestionada al haber presentado un concurso de acreedores, y que cuatro proyectos están en zonas turísticas (dos de Manacor, una de Calvià y una de Son Servera), cuando el Plan de Ordenación de la Oferta Turística y el Plan Territorial de Mallorca no permiten aumentos de población en estos puntos.
Finalmente, la Ley estatal del Suelo especifica también que si se aumenta la edificabilidad en suelo urbano, es necesario que se eleven también las reservas para zonas verdes y equipamientos, un aspecto que no se ha previsto a la hora de fijar las condiciones para los proyectos que se han presentado al concurso, según advierten las fuentes consultadas.