El decreto que debía desarrollar la Ley de la Vivienda quedó paralizado en diciembre

F.G. PALMA. El decreto que debía desarrollar la nueva Ley balear de la Vivienda, y que se estaba tramitando de forma urgente, quedó paralizado el pasado mes de diciembre por los informes desfavorables que se emitieron sobre él desde algunos departamentos de la Comunitat Autònoma, según han indicado fuentes del Govern. En este documento debía darse validez al aumento en el número de viviendas autorizadas por cada hectárea en las nuevas reservas estratégicas de suelo.
El problema de la Ley de la Vivienda es que aunque sí fijó el límite máximo en la cifra de habitantes por hectárea (225 personas en el caso de Palma; 180 en municipios como Calvià, Inca o Manacor; y 150 para los más pequeños) no hizo constar el nuevo techo correspondiente a la cifra de inmuebles que se querían autorizar, que según la Ley del Suelo estatal de 1976 -elaborada durante la fase final del franquismo- debe ser de un máximo de 75.
Y sin embargo, para calcular el número de pisos que se pueden construir en las reservas estratégicas de suelo se fijan unos baremos que hacen que las promociones más comunes puedan superar esas 75 viviendas, una ventaja que pretende compensar a los promotores por el hecho de tener que ceder la mitad de sus solares para destinarlos a pisos de protección pública.

Criterio sin respaldo legal

Estos nuevos criterios se publicaron como simples precisiones para el concurso de suelo derivado de la ley balear en la página web del Ejecutivo autonómico, pero sin haber sido aprobados previamente por el Parlament, de ahí que se optara por incluirlos en el borrador del decreto que el Consell de Govern debía de haber aprobado el año pasado y que por ahora ha quedado aparcado. En este texto se señalaba que por cada piso con una habitación se contabilizaría 1,5 habitantes, dos residentes en los de dos dormitorios, y tres en los de tres habitaciones.
Desde la conselleria de Movilidad y Ordenación del Territorio se emitió un informe en relación a los citados baremos cuestionando su validez, al considerar que su aprobación como simple decreto vulneraba la Ley estatal del Suelo antes mencionada, que no autoriza más de 75 inmuebles por hectárea.