"Juan Francisco Gosálbez nos hizo chantaje: o le pagábamos una comisión o no nos dejaría alquilar la instalaciones del campamento de La Victoria en Alcúdia y nuestra empresa de actividades deportivas y de tiempo libre se hundiría", declaró ayer ante el juez Miquel Florit uno de los proveedores de Turisme Jove, el consorcio público investigado por supuesta corrupción en el anterior Govern del PP.

Ayer Florit y el fiscal anticorrupción Juan Carrau interrogaron a seis imputados, cinco relacionado con empresas que prestaron servicios a Turisme Jove y el sexto un arquitecto técnico que trabajó para el consorcio. Cuatro de los empresarios declarantes reconocieron haber abonado sobornos o gratificaciones extras a Gosálbez, el factotum de la entidad y que permanece en prisión, tras serle denegada por segunda vez la libertad.

Uno de los imputados explicó cómo elaboraron una factura falsa de casi 20.000 euros para Turisme Jove sin que obedeciese a ningún servicio o trabajo. Después, consiguieron 13.000 euros en metálico que pagaron en mano a Gosálbez, quien les dijo que si no le daban el soborno no podrían alquilar el albergue de La Victoria, donde la empresa organizaba actividades. Otro encausado, el gerente de una empresa de publicidad, acusó a Gosálbez de exigirles el 25 por ciento de cada contrato. El publicista se plegó a la solicitud y nunca pensó "en denunciar a Gosálbez ante la Policía porque no quería perder a Turisme Jove como cliente". La mordida se abonó en metálico o en trabajos de publicidad para la peluquería de la pareja de Gosálbez. La Policía ha hallado una factura de 22.000 euros pagada por Turisme Jove por un anuncio televisivo que la agencia del imputado no hizo, trabajo que, al parecer, fue encargado a Joan Rossellò, un imputado en el caso Scala.