Los 13 alcaldes de UM votarán en contra de la agencia de disciplina urbanística

Rechazan que el Consell la financie con el dinero de las sanciones que perderán los Ayuntamientos

MATEU FERRER. PALMA. Los alcaldes de Unió Mallorquina tienen instrucciones de votar mañana en contra de los criterios de financiación de la agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca. Será en la asamblea de alcaldes que la presidenta del Consell, la socialista Francina Armengol, ha convocado en Lloseta para aprobar el modelo de financiación de este nuevo órgano supramunicipal creado para combatir las ilegalidades urbanísticas en la isla, y que entrará en vigor el uno de enero de 2009.
La dirección de UM se reunió ayer con sus "trece alcaldes y los siete ediles más que lo serán a lo largo de esta legislatura en virtud de los pactos", quienes "expresaron su malestar y absoluto rechazo al modelo de financiación previsto por el Consell para la agencia" informó la portavoz del partido, Catalina Julve. "Compartimos la filosofía de esta agencia, de luchar contra la indisciplina urbanística, pero su modelo de financiación propuesto es inasumible", sentenció la también edil en Manacor.
"El Consell tiene y aplica las competencias de urbanismo en suelo rústico, y cuando le interesa se subroga también las de suelo urbano", señaló Julve citando el caso de Andratx. "Tal y como se ha planteado la agencia, el Consell lo único que hará será crear una macroestructura de nuevos cargos, cuyos sueldos y dietas tendrán que sufragarle los Ayuntamientos, que encima se quedarán sin los ingresos por las sanciones y no saben qué hacer con el personal que ya tienen adscrito a este servicio", lamentó la portavoz. "Estamos ante un PSOE que desvalija a los Ayuntamientos al quitarles una de sus pocas competencias recaudadoras, no les resuelve qué hacer con el personal que ya tienen para esta función, ni soluciona el déficit de financiación local, que les ahoga".
Julve defendió que en UM tienen "más experiencia en gestión municipal que los socialistas", y les reclamó que "cumplan el Pacto de gobierno y Madrid resuelva la mala financiación de Balears, porque hasta ahora el nuevo modelo brilla por su ausencia".

¿Y los celadores?

El alcalde de Campos, Guillem Ginard, se sumó al tono crítico de su portavoz: "¿Qué haremos los Ayuntamientos con los celadores de obras, arquitectos y resto de personal que se encarga de tramitar los expedientes de infracción urbanística e imponer las sanciones? Se trata de técnicos muy específicos, que no pueden recolocarse así como así, pero el Consell ni se ha planteado asumirlos en plantilla".
Otro punto de discrepancia es que los alcaldes de UM exigen que la agencia cobre a los Ayuntamientos "una tasa fija por expediente incoado, en lugar de costearla con el dinero obtenido de las sanciones", denuncia Ginard. El campaner se opone a que todos los consistorios que se adhieran a la agencia, la financien por igual: "Si un municipio genera 150 expedientes, no es justo que pague lo mismo que otro que sólo tenga diez. La agencia tiene que cobrar por el servicio prestado, y punto. Si no cambian esto, no lo podemos apoyar".
Por todo ello, ayer se acordó el voto negativo de los alcaldes de UM, si bien Julve se mostró abierta a negociar sus propuestas alternativas.