crisis económica. LOS GESTORES DEL CONCURSO QUIEREN RECUPERAR FONDOS PARA LOS ACREEDORES
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Los quince informes elaborados por los administradores concursales del Grupo Drac revelan que el empresario Vicenç Grande infló los activos de sus sociedades y no incluyó en su pasivo otras deudas que han aflorado con ocasión del procedimiento judicial sobre la mayor crisis empresarial de la historia de Balears. La administración concursal también se está planeando instar la nulidad de algunas importantes operaciones económicas realizadas por Vicenç Grande en los dos años previos al estallido de la crisis y para reintegrar a toda la masa de acreedores importantes cantidades de dinero.
Los administradores concursales Jorge Sáinz de Baranda, Raimundo Zaforteza y Salvador Fornés tienen ya prácticamente ultimado el informe sobre la importante crisis de un holding basado en la promoción inmobiliaria, aunque con intereses también en el sector turístico y otros campos.
El llamado "informe" consta exactamente de 15 estudios diferentes sobre la situación contable de las 14 empresas concursadas y de Grande como empresario particular.
Las sociedades chequeadas a fondo por la administración concursal son las siguientes: Bini Saeta SLU; Binipuntiró SLU; Drachotels SLU; Binobona SLU; Dracplus SLU; Plus Aragón SLU; Pinanova SL; Brivalta SAU; Autorecambios Hilario SLU; Bini María SLU; Promomendi SL; Promotora Polígono de Santa María; y Joyería Colon SLU.
Cuando el pasado 16 de junio el Grupo Drac anunció su solicitud de acogerse al concurso voluntario de acreedores manifestó tener un pasivo (deudas) de unos 600 millones de euros (casi cien mil millones de pesetas) y unos activos de alrededor de 1.200 euros (unos doscientos mil millones de pesetas)
Sin embargo, la abundante documentación aportada al juzgado de lo mercantil 1 de Palma por los asesores de Grande, el bufete de Joan Font, ya reveló que el pasivo ascendía a unos 835 millones de euros (139.111 millones de pesetas).
Ahora, y tal y como han plasmado los administradores en cada uno de los 15 informes, los balances son mucho peores de cara a la posibilidad de que los numerosos acreedores recuperen algo de sus créditos o a la viabilidad no ya del holding, si no de varias de las empresas concursadas.
Las investigaciones hechas por los gestores designados por el juzgado de lo mercantil para poner orden en la crisis han detectado anotaciones contables de activos del grupo que no se corresponden ni de lejos con el valor real de esas partidas. Estas sobrevaloraciones afectan tanto a inmuebles, como a participaciones en otras sociedades u otro tipo de bienes. También han aparecido otros créditos que no constaban en las relaciones entregadas por Grande al juzgado.
La Ley Concursal faculta a la administración a instar la rescisión (ineficacia) de los actos perjudiciales para la masa de acreedores realizados por Grande en el plazo de dos años antes del concurso. Los administradores barajan pedir la revocación de algunas importantes operaciones que en su día beneficiaron a acreedores, entre los que podrían encontrarse entidades bancarias. El dinero recuperado iría a parar a la masa de acreedores.